a crisis sanitaria generada por el covid-19 nos ha dado un baño de realidad mostrando tanto las verdaderas necesidades de la ciudadanía como la situación de nuestras infraestructuras públicas.

El trabajo inmediato de partidos políticos, sindicatos e instituciones es dar respuesta a las consecuencias de la crisis. No se trata de evitar la crítica, porque la aportación normalmente parte de la crítica, pero sí de remar juntos y juntas, ofreciendo colaboración y propuestas. A la vez que resolver la enorme crisis sanitaria, económica y social generada, hay que comenzar a trazar el boceto del herrialde y el país que queremos, qué Araba y Euskal Herria queremos y el contexto del Aberri Eguna es el momento más adecuado para hacerlo.

En esta situación inédita, las decisiones institucionales han llegado tarde. En el caso de la CAV porque el PNV prefiere que se le critique por su inacción antes que por una posible equivocación, y no queriendo meter la pata, ha errado. Más bien, ha ahondado en el error.

Las carencias de nuestro sistema público eran notorias. Hoy nos hacemos cruces con el hecho de que las residencias de mayores hayan resultado tan castigadas, pese a que las trabajadoras de las mismas se han volcado en largas y duras huelgas para hacernos entender que las instituciones no les dotaban de medios para atender a nuestros mayores con dignidad en situación de normalidad. ¿Qué se podía esperar en situación de crisis?

Los sindicatos llevan años alertando de que nuestra otrora modélica sanidad pierde calidad a pasos agigantados y la catástrofe de Txagorritxu nos muestra que las advertencias se quedaban cortas.

Hoy salimos a aplaudir a quienes nos cuidan -sanitarios, limpiadoras, reponedoras, cajeras, trabajadoras de residencias,…- pero hemos permitido los recortes que hacen que el personal médico y de enfermería tenga que actuar con heroicidad ante la falta de medios. Nos ha parecido normal que trabajadoras indispensables sobrevivan en condiciones de precariedad.

También sabíamos que la temporalidad en Osakidetza es insostenible, que el porcentaje de inversión en sanidad respecto al presupuesto total del Gobierno Vasco es cada vez más bajo, que las OPE no crean puestos de trabajo y que, en algunas especialidades, se realizan para dar estabilidad a personas escogidas a dedo.

En Gasteiz hemos vivido este proceso de degradación en primera fila: la reducción en la atención pediátrica de fin de semana, el cierre del PAC de San Martín, la reducción de horario de atención en el ambulatorio de Olarizu a fin de año por falta de personal… Si Osakidetza no daba abasto en situación de normalidad, ¿cómo va a responder a una situación como la actual?

Lo mismo sucede con la sociedad. Demasiadas personas viven al día y cualquier imprevisto les deja al borde del abismo. Trabajadores y trabajadoras autónomas que no pueden hacer frente a las cargas para mantener la actividad; jóvenes que destinan gran parte de su salario al alquiler; productores del primer sector, en la precariedad desde hace tantos años; sectores feminizados que han ido perdiendo poder adquisitivo; personas propietarias de los pequeños comercios de barrio que aguantan frente a las grandes superficies y al comercio online; empresarios que conforman el tejido productivo del país, generando riqueza y puestos de trabajo desde sus pymes; familias que llegan a fin de mes gracias a que los txikis comen en el jantoki y se han quedado sin esa posibilidad; personas que acudían todos los días en los diferentes comedores solidarios, siempre al borde de su capacidad…

Esta mezcla explosiva de sociedad y servicios públicos al límite quedó de manifiesto en el primer momento: el cierre de los colegios creó un problema a personas y familias que no podían acceder a permisos, realizar teletrabajo o disponer de ayuda pagada; el curso en suspenso es un sufrimiento para los hogares que no disponen de ordenadores o wifi; los ERTE sentencian a personas que no podrán vivir con el 70% de su salario; los confinamientos por posibles positivos han sido muy difíciles para muchas familias (pisos pequeños, con un solo baño,…); ¿qué decir del horror de las mujeres atrapadas en un piso con su maltratador?

Las instituciones toman decisiones pensando en una clase acomodada, tal vez en lo que era la clase media, casi desaparecida en la última crisis. No tienen capacidad para responder ante quienes necesitan los servicios del Estado de Bienestar, y menos en situaciones inesperadas. Por eso se dice que el coronavirus tiene clase social y género: no porque no afecte a hombres y a personas adineradas, sino porque las condiciones para hacer frente a las consecuencias son muy diferentes.

Esta terrible crisis nos ha mostrado qué sociedad, qué estado de bienestar necesitamos: la receta básica es soberanía y justicia social, las máximas por las que siempre ha trabajado Eusko Alkartasuna.

La toma de decisiones por parte de Madrid ha mostrado hasta qué punto es frágil (o nulo) ese régimen de autogobierno que fue el mejor que se pudo lograr en 1979, que no se ha desarrollado y que la sociedad vasca quiere cambiar. Pero una capacidad de decisión que no apueste por la justicia social no nos sirve. Pedro Sánchez tomó decisiones que afectaron a la ciudadanía vasca porque el marco político se lo permite; Iñigo Urkullu no tomó decisiones pese a que pudo hacerlo, porque estaba más preocupado por las exigencias no del empresariado sino de Confebask, que por la crisis sanitaria.

Y eso ocurre tras una legislatura del Parlamento Vasco en la que se ha perdido la oportunidad de avanzar en materia de autogobierno, después de meter en la nevera la Ponencia. El PNV se escandaliza de que el Gobierno de PSOE y Podemos pase por encima del Gobierno Vasco, después de haber pactado con ellos el texto de la Ponencia de Autogobierno: se escandaliza del estatus jurídico-político que se empeña en mantener. ¿De verdad el PNV tiene más en común con PSOE y Podemos en materia de autogobierno que con Eusko Alkartasuna, con EH Bildu?

Los partidos con los que el PNV pactó la Ponencia de Autogobierno han mandado al Ejército a las calles de Euskal Herria, para hacer la desinfección más cara de la historia y, sobre todo, para recordar quién manda.

Soberanía y socialdemocracia: capacidad para tomar decisiones que tengan como objetivo conseguir la justicia social. Reivindicamos más que nunca la fuerza de la socialdemocracia (no lo que se ha hecho en nombre de la socialdemocracia): transformar la sociedad con las potencialidades de las instituciones.

Cuando pedimos que se reúnan las Juntas Generales de Araba o que la reunión de la Diputación Permanente el Parlamento Vasco tenga carácter oficial para tomar decisiones, estamos apelando a la socialdemocracia.

Los principios de la socialdemocracia posibilitarán el cambio que necesitamos. Las condiciones que han empobrecido a la mayor parte de la sociedad, que han generado una brecha de género, que han hecho que una sanidad y un sistema de protección social y de derecho de calidad haya ido degenerando hasta constituir un verdadero problema en situación de crisis, no han sido una evolución natural, sino fruto de la elecciones políticas; hemos llegado hasta aquí a golpe de decreto, de leyes, de decisiones políticas. La solución llegará de igual manera y siendo conscientes de que el objetivo no puede ser volver a la “normalidad”, sino conseguir una sociedad que no deje atrás a nadie y que ponga las bases para un Estado de Bienestar que dé respuesta a los retos que ahora sabemos que se repetirán.

La autora es coordinadora de Eusko Alkartasuna de Araba, en nombre de la Coordinadora