La crisis de los rescatados por el Open Arms sigue dilatándose en el tiempo sin que haya respuesta alguna en el ámbito institucional europeo. No se trata solo de que el desafío a la legislación internacional sobre asistencia en alta mar ponga en evidencia la fragilidad del modelo de derecho internacional cuando trasciende el ámbito de los acuerdos bilaterales sino que la posición de la Unión Europea, difícil de por sí, se debilita en ausencia de una estrategia común desde una perspectiva ética y práctica. En ausencia de ella, el mensaje de Europa no es el de una fortaleza ante la inmigración, como pretenden algunas voces, sino el de una fractura interna que impide tomar decisiones en este y en cualquier otro ámbito. La preocupación ante la dejación de valores propios de la tradición humanista europea la ha recogido el propio presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, en una carta al presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, al que solicita una acción europea de asistencia a las 121 personas rescatadas. El silencio y la inacción no son neutros en un momento en el que el pensamiento político que gana adeptos en el continente comienza a practicar el señalamiento del inmigrante cuando no su criminalización. Aportaciones como el programa Share del Gobierno vasco, que contempla un modelo colaborativo de asistencia basado en criterios objetivos en materia de población y recursos añade, a la virtud de poder habilitar una herramienta de respuesta que reduciría el impacto de la tragedia humanitaria, un segundo activo: el establecimiento de un mecanismo compartido, de cooperación intraeuropea con implicación de los diferentes Gobiernos e instituciones comunes para empastar el proyecto europeo cuando más dudas pretenden volcarse sobre él. La crisis humanitaria a las puertas de Europa no es nueva, pero nunca antes había coincidido con el desgarro y las dosis de incertidumbre que acompañan al Brexit ni con el auge del pensamiento ultra en varios socios de la Unión. Es la propia estabilidad del proyecto europeo la que está a la deriva en el Mediterráneo. Sus instituciones -Comisión, Consejo y Parlamento- deben ser capaces de canalizar respuestas para acreditar su solvencia. No va a llegar la solución desde la unilateralidad de cada gobierno europeo puesto de perfil.
