Tal vez el Brexit no fuese derrotado ayer en la Cámara de los Comunes, no en vano frente a la salida a través del acuerdo alcanzado por Theresa May con la Unión Europea se posicionaron los remainers (por la permanencia) y también un gran porcentaje de brexiters disconformes. Pero de lo que no cabe duda es de la magnitud de la derrota de May y su gobierno, desautorizados por el Parlamento para liderar la continuación del proceso sea cual sea esta. May tiene ya el dudoso honor de haber sufrido el revés parlamentario de un gobierno más abultado de la historia de la House of Commons al menos desde que está compuesta por 650 miembros tras las reformas de los siglos XIX y XX. Únicamente tres veces un gabinete había visto rechazada una de sus iniciativas por más de cien votos y hasta ahora el dudoso honor de la derrota más abultada lo ostentaba el laborista Jim Callaghan, cuyo gobierno en minoría fue derrotado en 1978 por 108 votos. Tras la votación de anoche, ni siquiera la contrastada resiliencia de May, ya fuertemente cuestionada con anterioridad, puede -tampoco debe- ignorar las proporciones y consecuencias de su derrota independientemente de la moción de censura laborista y del resultado de la misma. No se trata de si May tiene o no el apoyo del Partido Conservador para seguir gobernando, sino de que el Parlamento británico ha reprobado con un enorme margen toda su actuación en el proceso de salida de la UE que ha dirigido durante casi dos años y, por tanto, su capacidad para liderar Gran Bretaña ante el desafío inmediato a que se enfrenta. Ni siquiera la plausible ampliación del art. 50, que May negó el lunes obligada por las circunstancias pero que la UE permitirá, cambiaría algo. Londres apenas tiene hasta el 26 de mayo, fecha de las próximas elecciones europeas en la que la situación británica debería estar definida si no se desea poner en cuestión todo el proceso electoral en la UE, para culminar cualquier otra alternativa, surja del Gobierno en los próximos tres días o del Parlamento a continuación. Y ante la evidente división política, social y territorial respecto al Brexit, a May ya no le basta con apelar a la legitimidad democrática del resultado del referéndum de 2016. Así que la prórroga del art. 50 debería dar tiempo, en todo caso, a nuevas elecciones generales de carácter plebiscitario que podrían acabar derivando en un segundo referéndum.