La llegada el pasado viernes a Algeciras del buque Open Arms con 308 inmigrantes a bordo -137 de ellos menores, la mayoría no acompañados- rescatados en el Mediterráneo ha vuelto a poner en los últimos días de 2018 el foco de la actualidad en el fenómeno de la inmigración y en la tragedia que supone para miles de personas que huyen de la guerra, la violencia y el hambre. A lo largo de este año a punto de concluir, las muertes en el mar, los rescates por parte de buques, muchos de ellos pertenecientes a ONG, y la actitud indolente, insolidaria y rayana en la cruel ilegalidad de muchos estados y de la propia Unión Europea han sido una tónica habitual, que tuvo su punto álgido a mediados de junio con la crisis del Aquarius, que desembarcó finalmente en Valencia con 629 inmigrantes rescatados. Desde entonces, poco ha cambiado en cuanto a las políticas de inmigración, como ha podido comprobarse ahora con el Open Arms, que ha vivido una peripecia similar, tras haber sido rechazado su atraque por varios países europeos. Y, sin embargo, es evidente que las crisis vividas por estos buques de rescate, y sobre todo con los miles de migrantes que han muerto en el Mediterráneo debe ser un asunto prioritario tanto para los estados como para las instiuciones europeas. Según los últimos datos recopilados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), al menos 56.000 personas han alcanzado las costas españolas a bordo de embarcaciones precarias y casi 800 han perdido la vida en el intento. En este año, se han batido los récords de llegadas de migrantes en patera, superándose las cifras registradas durante la crisis de los cayucos en 2006, de modo que en España -que ha sido la ruta más activa, por encima de Italia y Grecia- se han recibido más personas a bordo de pateras que en los últimos ocho años juntos. Se trata, por tanto, de un asunto de urgencia humanitaria y de prioridad absoluta para las autoridades europeas. Sobre todo, porque 2018 ha sido también el año más trágico de muertes en el mar. Las medidas adoptadas por la UE -tomadas a regañadientes y sin garantías por los estados- no se han respetado. De hecho, España tiene aún pendiente de acoger al 80% de los refugiados acordados. Se impone, por tanto, una estrategia común europea en materia de inmigración que sea efectiva, firme y fiscalizable por las instituciones de la UE.