La sentencia notificada el pasado miércoles por la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) que confirma el fallo dictado por el tribunal que juzgó el denominado caso de La Manada ha vuelto a poner en evidencia la imperiosa necesidad de un conjunto de reformas legislativas y de formación jurídica que termine con la actual grieta entre las resoluciones y la jurisprudencia y la realidad social. Ayer mismo, la Fiscalía de la Comunidad Foral anunciaba un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la nueva sentencia, que avala la condena a los cinco acusados por la agresión a una joven en los sanfermines de 2016 a la pena de nueve años de prisión por abuso sexual con prevalimiento, con el voto particular de dos de los magistrados en el que apuestan por calificar los hechos como agresión sexual o violación. Asimismo, la Fiscalía solicita el inmediato ingreso en prisión de los miembros de La Manada hasta la resolución final del Supremo. Las dos sentencias dictadas hasta el momento sobre el caso han resultado polémicas y han puesto en evidencia la enorme complejidad a la hora de determinar los hechos y, sobre todo, de su encaje y su calificación concreta en los supuestos contemplados en el Código Penal. La propia división entre los magistrados del TSJN -tres a favor de ratificar la sentencia anterior y dos, incluido el propio presidente, que formulan un voto particular- da idea de la especial dificultad en juzgar los hechos. Pero más allá de ello, no cabe ninguna duda, porque hay plena unanimidad entre estos jueces, de la culpabilidad de los cinco acusados, que en buena lógica y tal y como ha pedido la Fiscalía, deberían ingresar en prisión, ya que no se entiende que, pese a la gravedad de los hechos probados, continúen en libertad. En cualquier caso, es evidente la necesidad de cambios legales esenciales con el objetivo de evitar en la medida de lo posible calificaciones e interpretaciones tan dispares que, además, pueden revictimizar a las mujeres agredidas. A este respecto, la comisión de expertos sobre delitos sexuales formada precisamente tras el primer fallo de La Manada va a proponer la eliminación en el Código Penal de la calificación de “abuso” para que todos los delitos sexuales sean considerados “agresión” o “violación”, una medida necesaria, urgente y plenamente acorde con la justicia democrática e igualitaria y la realidad social.
