hace unos días, apenas veinte, el presidente del Gobierno rompía relaciones con el líder de la oposición. Muy poco después, hace dos fechas, PSOE y PP anunciaban su acuerdo para designar a Manuel Marchena como nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial. Me reí entonces del bombo y platillo con el que los medios se hacían eco del choque de trenes entre Pedro Sánchez y Pablo Casado y me parto ahora con la escandalera mediática que se ha formado por la evidente, y sonrojante, intromisión de los poderes legislativo y ejecutivo en el judicial. O sea, PSOE y PP eligen al máximo responsable incluso antes de designar a los veinte vocales que completan el órgano de gobierno de los jueces. Y ahora, créanse (o no) que la principal función del CGPJ sea velar por la garantía de la independencia de los jueces y magistrados frente a los demás poderes del Estado. El aura de imparcialidad que debe rodear a los encargados de impartir justicia queda definitivamente manchado por situaciones como esta o por la asumida militancia de tal o cual juez según sea el partido político que lo nombra. Me rebatirán que siempre ha sido así y que nada ha cambiado. Y tienen razón. Lo que les decía, el chiringuito de la Transición sigue en pie.
