La exclusión en la Mesa del Congreso, gracias a la mayoría que ostentan PP y Ciudadanos en dicho órgano, de la enmienda con la que el PSOE pretendía sortear el veto a la alteración de los objetivos del déficit público que la Ley de Estabilidad Presupuestaria otorga a la mayoría absoluta del PP en el Senado refleja hasta qué punto la pugna parlamentaria entre gobierno y oposición puede caracterizarse por la irresponsabilidad derivada de la primacía del interés partidista. En primer lugar, la Mesa que preside Ana Pastor (PP) plantea un aventurado choque de legitimidades entre órganos del Congreso, toda vez que la enmienda había sido admitida por la Mesa de la Comisión de Justicia, con mayoría de PSOE y ERC. Y lo hace pese a que sus atribuciones para anular dicha admisión son cuando menos dudosas en virtud del Reglamento de la Cámara Baja. Que PP y C’s no hayan recurrido siquiera a un informe de los servicios jurídicos para determinarlo da una idea de la situación. En segundo lugar, aunque una sentencia del Tribunal Constitucional de 2011 exige que las enmiendas y los textos a enmendar posean homogeneidad y la buscada por el PSOE a esta enmienda de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial para incluir medidas contra la violencia machista se puede calificar como tangencial, no es menos cierto que dicha triquiñuela parlamentaria ha sido utilizada anteriormente con profusión por gobiernos de ambos partidos. La misma sentencia del TC se produjo ante un recurso del PSOE a la admisión por la Mesa del Senado de una enmienda del PP para reformar el Código Penal y tipificar como delito la convocatoria ilegal de referéndums en una norma, la Ley de Arbitraje, totalmente ajena a este. Y, en tercer lugar, esta decisión de la Mesa del Congreso no pretende en realidad impedir definitivamente la inclusión en los presupuestos de seis mil millones más de inversión, principalmente en políticas sociales, por considerarla inapropiada o por que no cumpla las exigencias de la UE -Bruselas aún debe recibir y analizar el proyecto presupuestario- sino que busca por conveniencia partidista y estrategia electoral evidenciar debilidad en el Gobierno fruto de la moción de censura que puso fin al gabinete Rajoy y dificultar inversiones antes de las elecciones municipales a través de la excepción que la Ley de Estabilidad Presupuestaria plantea al art. 90.2 de la Constitución.
