No hay necesidad de construir polémicas innecesarias en materia de seguridad para constatar que el número de agentes de policía desplegados en la Comunidad Autónoma Vasca está muy por encima de los ratios del entorno. Países cuyos problemas de seguridad no son diferentes a los que corresponderá afrontar a Euskadi, los encaran con una presencia policial mucho menor a la que los datos oficiales acreditan aquí. El propio Ministerio de Interior admitió a principios de año que hay más de 16.000 agentes de policía desplegados en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y de ellos más de 5.000 pertenecen a las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE): Policía Nacional y Guardia Civil. La medida del exceso o la escasez de efectivos no está en un debate sin datos sobre los riesgos a la seguridad. La realidad indica que los ciudadanos de la CAV tenemos a 750 agentes de policía por cada 100.000 habitantes mientras la media del Estado no llega a 540. ¿Qué convierte en tan especial en estos momentos a este territorio? Sin lugar a dudas, hay un pasado de violencia que marcó el dimensionamiento de las FSE. Pero cuando el delegado del Gobierno, Jesús Loza, afirma ahora que la demanda de reducción de efectivos se hace desde una lectura política obvia que su presencia en el volumen actual solo puede responder a una intencionalidad también política. ETA no existe; la violencia terrorista que protagonizó durante décadas cesó hace siete años. De modo que el resto de circunstancias que pudieran afectar a la seguridad de los ciudadanos vascos no difieren de las que recomiendan que en el entorno se satisfagan esas necesidades con casi un 40% menos de agentes. Si el despliegue está sobredimensinado, deberá adecuarse por un mero criterio de eficiencia en la gestión de los recursos. Profundizar en la coordinación de la información de la que disponen los diferentes cuerpos policiales en el nivel europeo, no solo estatal, es mucho más efectivo que una duplicación de funciones o un control deslavazado de los diferentes aspectos de la lucha contra la delincuencia. Todo lo que no pase por ahí sería reproducir el estado de cosas que ha construido una situación clara de escasa cercanía mutua entre ciudadanos y FSE que difícilmente se reproduce en otros puntos del Estado. No parece una situación cómoda para nadie y no remediarla es una decisión política.
