El hecho de que un imputado en un proceso penal enfermo de leucemia esté en prisión preventiva es un ejercicio de crueldad institucional, pero nadie va a levantar la voz por Eduardo Zaplana porque todos los que le lamieron las botas y le untaron presuntamente durante años reniegan ahora de él, y porque la opinión pública española cree que los derechos que asisten a todas las personas se transmutan en inaceptables privilegios cuando se aplican a los enemigos oficiales de la nación, entre los que solo de un tiempo a esta parte se encuentran los políticos corruptos. Que no hubiera robado, brama el pueblo en las redes sociales. Lo que pasa es que aunque la calle y la Guardia Civil, y yo mismo, estemos convencidos de que este hombre lleva treinta años haciendo el egipcio, no será culpable hasta que haya una sentencia que así lo refrende. Son casos como éste, por controvertidos, los que merece la pena defender para que la Justicia sea verdaderamente ciega y justa. Un Estado moderno y decente no puede dejar morir a sus presos en la cárcel, sean quienes sean, por una deficiente atención médica o por miedo a la reacción de los mismos medios de comunicación que cuando Zaplana era intocable no quisieron enterarse de que tenía dos yates atracados en Altea.
