Se cumple hoy un año del denominado desarme de ETA, en realidad una escenificación llevada a cabo en varios actos mediante los que la banda quiso hacer público que, en sus propias palabras, había pasado a ser una “organización desarmada”. Aquel 8 de abril, la Comisión Internacional de Verificación liderada por Ram Manikkalingam hizo entrega al fiscal del Tribunal de Gran Instancia de Baiona -la implicación del Estado francés fue decisiva- de un listado con la ubicación de varios zulos en los que ETA tenía guardada gran parte de su arsenal de armas y explosivos. Al mismo tiempo, un grupo compuesto por 172 voluntarios se encontraban “custodiando” los zulos hasta que la Policía francesa se incautó del armamento. La jornada se cerró con un acto público multitudinario en Baiona. Más allá de la parafernalia y de la forzada escenificación y, sobre todo, de la infamante y falsa pretensión de que ETA había “entregado las armas a la sociedad civil”, de quien las habría “recibido” medio siglo antes, lo cierto es que el desarme -del que aún falta por conocer su verdadero alcance- supuso un hito en la historia de Euskadi, porque significó un paso importante hacia la pacificación y la convivencia. Un año después, sin embargo, poco se ha avanzado en estos terrenos. Es cierto que ETA permanece inactiva y que ha anunciado su posible disolución antes del verano, pero no termina de culminar un proceso que debía haber tenido lugar hace ya mucho tiempo. Además, la organización se mantiene en su negativa a hacer autocrítica y a reconocer el daño causado a las víctimas y a la sociedad vasca. En el terreno de los presos -una de las asignaturas pendientes- las cosas avanzan de manera tan lenta como exasperante. Esta semana se ha conocido la concesión del primer permiso de fin de semana concedido a un recluso de ETA, clasificado en segundo grado. Se trata -junto al caso de Sara Majarenas- de una gota en el océano de la política penitenciaria del Gobierno español, en abierta contradicción con la que está llevando a cabo el Ejecutivo francés, con constantes acercamientos de presos. En definitiva, ETA debe dar ya el tercer y último paso -tras el cese de la violencia y el desarme- y proceder a su disolución incondicional, acompañada de un reconocimiento explícito del inmenso daño que ha causado, hito que debería llevar a Rajoy a un cambio inmediato de política penitenciaria.
