La reducción del número de parados en Euskadi en 2017, según la Encuesta de Población Activa (EPA), en 17.900 personas, lo que deja la tasa de desempleo en el 10,57%, y la constatación de que, en contraste con lo sucedido en el Estado, ese descenso se ha mantenido también en el cuarto trimestre parece confirmar la relativización paulatina de los efectos de la crisis que estalló en 2008, hace ya un decenio, en el empleo de nuestro país. Un dato parcial pero históricamente significativo que viene a corroborarlo es la evidente similitud de la mejora de los datos entre la población activa masculina (61,85%) y femenina (51,23%) y sobre todo la práctica igualdad de la tasa de paro (10,5% y 10,6%) en ambos colectivos. Ahora bien, situados en el entorno de ese 10% del desempleo que se señalo como objetivo en principio para 2020 y consolidada la creación sostenida de empleo durante los últimos tres años, cabe dirigir los esfuerzos hacia una mejora en la calidad del mismo. Y cabe hacerlo, en primer lugar, porque la creación de empleo, hasta la fecha, no ha estado exenta de importantes niveles de precariedad a través del trabajo temporal o los contratos parciales, que no deberían condicionar la competitividad de las empresas, al menos en aquellas con resultados consolidados en su facturación y productividad, porque si se pretende extender en el tiempo la recuperación económica parece imprescindible consolidar al tiempo una mayor capacidad de consumo. En ese sentido, contemplar la adecuación salarial a la salida de la crisis como un problema de competitividad, tal y como se viene haciendo en los últimos días desde ciertas asociaciones empresariales, en lugar de como una inversión en la sostenibilidad de la economía, es un error cuyas consecuencias se harían evidentes a medio plazo. Aunque no se pueda hablar de una situación generalizada, los datos de incremento de productividad de las empresas vascas están por encima de los de un incremento salarial que, además, no tiene por qué suponer un freno al crecimiento sino más bien todo lo contrario. Y si, como se esgrime, la mejora de la economía no tiene idéntico reflejo en todas las empresas, sí cabe exigir trasladar la nueva situación a los salarios al menos en aquellas -y no son pocas- que mediante el esfuerzo de todos, empresarios y trabajadores, han retomado su impulso y crecimiento.