En los años mozos se me quitó rápido el gusto por asistir a conferencias o actos políticos. Son una chapa infumable con cero autocrítica al peor estilo de un canal de teletienda. El último al que fui, aunque no sé si cuenta porque era para mostrar mi rechazo por su realización, se produjo el 25 de octubre de 2008 en la plaza de la Provincia. Allí, la Falange desplegó sus banderas, sus consignas y sus mensajes, protegida por la Justicia (en concreto, por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco) y por la Ertzaintza. Aquello se produjo alegando cuestiones como la libertad de reunión y de manifestación, y la libertad de expresión. De acuerdo. El pasado 15 de septiembre, yo estaba de paso por Vitoria, entre un lugar de vacaciones y otro, que uno es pobre pero todavía le da para alguna cosilla. De repente, me encontré con que a dos minutos de mi casa, en el centro cívico Aldabe, se estaba prohibiendo una charla ofrecida, entre otras personas, por la portavoz de la CUP en el Parlament de Catalunya. Allí estaba la Policía Municipal haciendo cumplir una orden del Juzgado de lo contencioso-administrativo de Vitoria amparándose en una resolución del Tribunal Constitucional. Y yo, de verdad, todavía estoy esperando que alguien me lo explique.
