La operación desarrollada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por orden del juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, contra la cúpula de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) con las detenciones de, entre otros, su presidente, Ángel María Villar, y el hijo de este, Gorka, así como del vicepresidente económico, Juan Padrón, acusados de los presuntos delitos de administración desleal, apropiación indebida, corrupción entre particulares, falsedad documental y alzamiento de bienes debe analizarse desde la inicial presunción de inocencia, también con cierta prudencia. Y eso sin tampoco perder de vista que el mundo del fútbol profesional, precisamente por ser un negocio multimillonario, se ha visto involucrado en los más variados escándalos de fraude y corrupción, tanto en el Estado como a nivel internacional. Que la gestión de Villar durante los 29 años que lleva al frente de la RFEF ha sido harto cuestionada y motivo de varias denuncias, dos de ellas aún pendientes de resolver, no es un secreto; que la gestión de su hijo en la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) está salpicada por denuncias de corrupción, que finalmente no fueron ajenas a su cese, es un hecho; y una certeza que Juan Padrón ha estado siempre en el centro de las acusaciones por el reparto de las subvenciones de la Federación a las territoriales, especialmente por las cantidades concedidas a la federación tinerfeña, del mismo modo que fue protagonista del escándalo de los viajes de federativos y familiares al Mundial de Corea-Japón. Ahora bien, no se debe desdeñar tampoco la realidad del crudo enfrentamiento entre la RFEF de Villar y el Gobierno del PP a través del Consejo Superior de Deportes (CSD) de Miguel Cardenal -a quien ha sustituido José Ramón Lete-, precursor en 2016 de la denuncia que ha dado lugar a la investigación policial y a la actuación desarrollada ayer; ni la alianza entre el CSD de Cardenal y la LFP de Javier Tebas en un fallido intento de lograr el relevo de Villar (posteriormente reelegido en mayo para un octavo mandato con 112 votos a favor, 6 nulos y 11 en blanco). Ni perder de vista, a la espera de cómo se pueda ir resolviendo la investigación, que cuando menos existe una tremenda opacidad en la gestión de un organismo que solo alimenta las sospechas sobre si la gestión que en él se está realizando es lo escrupulosa que debiera ser.
