La constatación por los servicios médicos de que las intoxicaciones etílicas en los jóvenes se han duplicado en los últimos veinte años, tal y como se ha expuesto en la comisión mixta Congreso-Senado que pretende elaborar un informe para orientar una ley sobre el consumo de alcohol por menores, no hace sino reiterar el progresivo aumento de ese consumo en los últimos decenios y la necesidad de que sociedad e instituciones se esfuercen en el desarrollo de iniciativas de prevención y control. Porque pese a la comisión y a la intención anunciada en su día por la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, de aprobar una nueva ley, no se trata -o no al menos únicamente- de un problema de regulación. En Euskadi, por ejemplo, la Ley 1/2016 de 7 de abril de Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias o Ley vasca de Adicciones -por cierto, impugnada por el Gobierno Rajoy al considerar que su artículo 83 invade competencias del Estado- es más que clara respecto a situar al alcohol (art. 2) al mismo nivel que otras sustancias adictivas y al regular la prohibición de venta y consumo (art. 31, 32 y 33) de alcohol a menores. Y también está en marcha, de hecho, un Plan de Acción Europeo (2012-2020) para reducir el Uso Perjudicial del Alcohol, lo que denota que el problema no es específico de uno u otro país ni puede abordarse simplemente desde iniciativas legisladoras. Por un lado, no es discutible que el consumo de alcohol y el ocio están tan ligados como extendidos no solo en la juventud; tampoco que esa socialización general del alcohol tiene un índice de penetración si cabe más elevado entre los 16 y 19 años ( hasta el 87% de los jóvenes de esa franja de edad); ni que el inicio en el consumo de bebidas alcohólicas es cada vez más temprano y se refleja en intoxicaciones graves (del orden de 500 atendidas por Osakidetza cada años en Euskadi). Pero, por otro, la existencia de regulación que prohíbe pero no logra evitar el consumo precoz y excesivo indica que su aplicación en cuanto a la imposición de sanciones tanto a la venta como al consumo no es suficiente, también que la intervención institucional debe encaminarse al mismo tiempo por la sensibilización en la responsabilidad en el consumo y la educación sobre sus efectos, además de en la proposición de alternativas de ocio, casi nunca sencillas de ofrecer, pero siempre necesarias.