Las conclusiones del estudio del expresidente del Comité de Derechos Humanos de la ONU, Fabián Salvioli, sobre la Ley 12/2016 de 28 de julio, de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política -también conocida como ley de víctimas de abusos policiales- no solo supone un aval a la misma al enmarcarla en el ámbito de la legislación internacional protectora de derechos fundamentales, sino que por hacerlo dificulta el pretendido recurso contra ella del Gobierno que preside Mariano Rajoy. La firma ya en 1977 por el Estado Español del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; o en 1979, del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales o Convención Europea de Derechos Humanos adoptada por el Consejo de Europa en noviembre de 1950; la ratificación en 1987 de la Convención contra la Tortura aprobada dos años antes y en 2006, de su posterior protocolo; no solo conforman ese marco de aval internacional a la ley vasca que esgrime Salvioli, sino que al conjugarse con el respeto y observancia debidos a las recomendaciones de la ONU y los informes elaborados por los relatores Theo Van Boven (2004), Martin Schein (2008) y Pablo De Greiff (2014), así como cotejada con las repetidas condenas al Estado español por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, hacen de la misma una necesidad prioritaria para dar cumplimiento a los principios de verdad, justicia, raparación y garantía de no repetición aplicables a la solución de los conflictos de índole política que han provocado vulneraciones de los derechos humanos. No se trata, por tanto, de comparar o equiparar esas vulneraciones en virtud de su origen, sino de que las instituciones, más allá del impulsor de la ley, el Gobierno Vasco, admitan tanto esta realidad como el rechazo social a la instrumentalización política del dolor y la mayoritaria exigencia social de reconciliación y normalización política. Y en el caso del Gobierno del Estado, la comprensión de que éstas se logran también a través de una apuesta legislativa que, fundamentada en principios éticos inapelables y en la amplia normativa internacional a la que el propio Estado está sujeto, permite el reconocimiento de todas las víctimas independientemente de sus victimarios.
