La proliferación de jueces y magistrados en las candidaturas electorales de los diferentes partidos así como en puestos en gobiernos -con rango incluso de ministro- y altos cargos de las administraciones públicas está generando un cierto debate respecto a la conveniencia u oportunidad del paso de miembros -en ocasiones, relevantes- del poder judicial a la política y, sobre todo, sobre su regreso, una vez acabada esa etapa de actividad, a sus puestos en los tribunales de justicia. Nombres como los de Margarita Robles, como antes Juan Alberto Belloch, Juan Luis Ibarra, Ventura Pérez Mariño o Baltasar Garzón, así como otros menos conocidos como Juan Pedro Ylanes, Juan Ignacio Zoido, Elpidio Silva, Victoria Rosell o incluso Manuela Carmena -aunque se trata de un caso distinto, ya que la ahora alcaldesa de Madrid ya estaba jubilada- han saltado de la toga a la batalla política. De hecho, la pasada y efímera legislatura contó con media docena de jueces diputados y senadores y la próxima que salga de las urnas del 26-J contará también con otros varios incorporados a las listas por diversas candidaturas. Aunque algunos sectores quieran ver en estos recorridos una suerte de puertas giratorias entre la justicia y la política, lo cierto es que ni jurídica ni éticamente hay nada reprobable en que jueces y fiscales interrumpan su carrera para ejercer su derecho, como cualquier ciudadano , a ejercer la política. Gran parte de esta valoración negativa radica, sin duda, en la creciente impresión social -totalmente lógica- de una excesiva politización de la justicia, que nace incluso de la propia elección de los órganos del poder judicial y de los miembros de altos tribunales. Esa, sin embargo, es otra cuestión que no tiene que ver con el ejercicio de la política por parte de los jueces. El verdadero dilema está en el momento de la vuelta a la actividad judicial tras el paso por la política. No sólo por el riesgo de posibles abstenciones o recusaciones, sino por la desconfianza y la sensación de parcialidad y falta de independencia en las resoluciones de estos jueces. Convendría, por higiene democrática y para evitar suspicacias, regularizar, sin ningún afán inquisitorial o de coartar la libertad de estos profesionales y servidores públicos, las características, requisitos, incompatibilidades y demás cuestiones de estos viajes de ida y vuelta entre la justicia y la política.
