E l informe enviado por la Agencia Tributaria al juez instructor del caso Bárcenas, Pablo Ruz, sobre la consideración fiscal de las donaciones que recibió el PP en 2008 ha dado lugar a un debate sobre la existencia o no de delito en el impago del Impuesto de Sociedades. Sin embargo, el meollo político no se encuentra en si Hacienda considera a los partidos exentos de tributar dicho impuesto cuando las donaciones recibidas se dedican a actividades “sin ánimo de lucro”, lo que eximiría al PP, pese a que la cantidad defraudada excede con creces el límite de la consideración de delito fiscal que se estipula para el resto de los contribuyentes. Ni siquiera está en el desparrame intelectual de Rogelio Menéndez, asesor del ministro Cristóbal Montoro y hermano de director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, quien ha redactado el informe que compara al PP -sujeto a la Ley de Financiación de Partidos- con Cáritas o la Cruz Roja, que se rigen por la Ley de Mecenazgo. El meollo político se halla en la constatación por la Agencia Tributaria de que el PP habría obtenido en el año 2008 -con elecciones generales y autonómicas andaluzas- más de un millón de euros procedentes de donaciones ilegales, lo que se puede considerar un nuevo caso de la extensa y prolongada financiación ilegal de la formación popular que preside -y ya entonces presidía- Mariano Rajoy, aun cuando la responsabilidad penal de los partidos políticos se incorporó al Código Penal a finales de 2012, cuatro años después. Ahora bien, incluso en ese caso, si el PP considera ahora y consideró entonces que las citadas donaciones no constituían delito o falta alguna -pese a que el juez Ruz podrá confirmar que incumplían los preceptos estipulados en la Ley de Financiación de Partidos Políticos de 2007 y más concretamente su artículo 4.2, que impide recibir, directa o indirectamente, donaciones de empresas privadas que presten servicios o realicen obras para las administraciones públicas-, ¿por qué su afán por no contabilizarlas ni incluirlas como ingresos no sujetos a cotización en sus declaraciones ante Hacienda? En otras palabras, bien el PP obtuvo financiación a sabiendas de que incumplía la ley, o bien trató de defraudar a la Hacienda pública. O ambas cosas. En cualquier caso, el caso Bárcenas sigue dejando regueros fraudulentos.