la nada inocente filtración desde el Ministerio del Interior de un documento presuntamente incautado en la última operación policial, que se pretende pauta pactada entre el PNV y Sortu en torno al proceso de pacificación, sólo se puede entender como un burdo intento de criminalización de los esfuerzos que la formación jeltzale y el Gobierno del lehendakari Iñigo Urkullu vienen realizando por consolidar la paz. Por el contrario, la procedencia de ese intento de influir en la opinión pública vasca, así como el cauce utilizado, evidencian de nuevo los intereses entrecruzados y contrarios al proceso de paz que tratan de ralentizar o bloquear la normalización en Euskadi. El nuevo contexto político, más de dos años después del fin de la violencia, no explica en este sentido que el Gobierno de Mariano Rajoy se empecine en mantener las mismas políticas que se venían desarrollando en plena espiral violenta o que, por ejemplo, el diputado general de Álava, Javier de Andrés, suelte la salida de tono de que el PNV no ha hecho nada contra el terrorismo. En contraste, se antoja determinante que el Gobierno Vasco se mueva por la paz y se esfuerce en conseguir -incluso a sabiendas de que esos intentos de contribuir a la paz serán reinterpretados, manipulados y utilizados en su contra- a través de la izquierda abertzale la aceptación de principios básicos como la admisión del daño causado, la asunción de la legalidad o el desarme, mojones que difícilmente se alcanzarían sin su participación y mucho menos mediante las políticas únicamente coercitivas e ignorantes de derechos individuales practicadas desde Madrid. Es tan evidente que el mismo PP vasco, a través de su presidenta Arantza Quiroga, trata en cierta forma de reconducir la situación ante la consciencia de la realidad del fin de la violencia que algunos sectores políticos y mediáticos en el Estado español sólo pretenden distorsionar. La que parece inminente reunión del lehendakari Urkullu y el presidente Rajoy debería servir para reorientar la acción -o inacción- del Gobierno español, especialmente en materia penitenciaria y en lo que concierne a los derechos individuales de los presos, sin que eso presuponga un ápice de relajación en la exigencia a ETA de su desarme y disolución definitiva.
