fagor planteó ayer en un anuncio a la desesperada que desaparecería si no recibía un rescate inmediato con una inyección de 170 millones de euros para tapar el agujero de una desorbitante deuda superior a los 800 millones. Y la Corporación Mondragón no tardó en responder a las pocas horas. MCC cortaba anoche estas expectativas en un comunicado en el que puso en cuestión el plan de viabilidad de la cooperativa de electrodomésticos y se negó a refinanciar un agujero que atribuyó a una gestión directiva concreta al frente de la emblemática firma fundada en 1956 y a su capacidad para competir en un mercado global, "independientemente de su naturaleza jurídica". La deriva -posiblemente irreversible- en la que entra ya Fagor, y especialmente su razonamiento en la falta de financiación para el plan de viabilidad que planteó en verano, parecen confundir la responsabilidad de las instituciones públicas y la competencia directiva en la gestión privada de la empresa. Eso es lo que dejó entrever, al menos, la nota conjunta que emitieron ayer el Consejo Rector y el Consejo Social de Fagor Electrodomésticos -los órganos representativos de la empresa- al situar en el mismo plano de la petición de financiación a la Corporación Mondragón y a las instituciones públicas. Sin embargo, y aun cuando dentro de las responsabilidades públicas esté la de ofrecer apoyo y cauces para su asentamiento económico y laboral a empresas y sectores productivos en la encrucijada -ahí está, sin ir más lejos, el Plan Renove para la máquina herramienta dotado con 9,5 millones de euros anunciado por el Gobierno-, trasladar a las instituciones la exigencia de financiar un montante de 170 millones de euros supone ocultar la realidad a los socios y a los trabajadores afectados, cuya cifra asciende a unos 4.000 empleos en Euskadi entre socios y empleados. El mazazo que el hundimiento de Fagor supone para la economía vasca es, en este sentido, un fracaso colectivo, pero no cuestiona el modelo cooperativo de empresa, sino que pone en el disparadero una gestión concreta, a pesar de que sus directivos intenten endosar ahora la responsabilidad a MCC -que ha socorrido a la firma con un total de 300 millones de euros en los últimos años- o incluso al Gobierno.
