el pasado lunes leíamos en DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA un curioso artículo escrito por Natalia Rojo, portavoz de Medio-Ambiente del PSE en el Parlamento Vasco, cuyo titular Empieza el debate del fracking nos dejó un tanto boquiabiertos. Muy despistada ha debido de estar últimamente, puesto que el debate público sobre el fracking cumplía precisamente ese lunes su segundo aniversario, ya que se inició el 14 de octubre de 2011, cuando su compañero Patxi López, a la sazón lehendakari, anunció la existencia de recursos de gas no convencional en el subsuelo alavés mientras daba su famoso paseo por un campo de explotación en Texas. Vaya si se habrán escrito ríos de tinta sobre el tema en estos dos años como para que el debate sobre el fracking comience ahora. ¿No será que ese iniciemos el debate pretende correr un tupido velo sobre las actuaciones y declaraciones que ha venido realizando el PSE con este tema?

El problema del PSE es de hemeroteca. Resulta difícil ser creíble cuando se alude al rigor ambiental después de haber puesto 50 millones de euros sobre la mesa de Hidrocarburos de Euskadi para que empezara el fracking en Álava, sin siquiera llevar los pozos a un estudio de impacto ambiental completo. Resulta difícil defender todas las garantías cuando el viceconsejero de Industria del anterior Gobierno, Xabier Garmendia, respondió en la Cadena Ser Vitoria sobre las garantías medioambientales que "no le puedo dar garantías de eso (?) Yo he dicho una cosa, que incluso en el caso de que las dos perforaciones que tenemos previsto saliesen mal y contamináramos el acuífero de Subijana, que no tendría ningún impacto". Incluso cuando Natalia Rojo se queja de que "no queremos el modelo de leyes de evaluación de impacto ambiental que relajan extraordinariamente las garantías para impedir prácticas dañinas", en alusión a la recientemente aprobada ley, parece olvidar que ésta es coherente con la Estrategia Energética de Euskadi 2020 del Gobierno López, donde se decía: "es importante llevar a cabo iniciativas que simplifiquen radicalmente la actual normativa de tramitación de solicitudes y autorizaciones para la exploración y, en su caso, explotación de reservas de gas natural". El Gobierno Rajoy ha explicado que ése es precisamente el espíritu de esa ley, el de reducir plazos y tramitaciones. El mismo Gobierno, en boca del erudito ministro de Industria José Manuel Soria dice que no se llevará a cabo ninguna actuación sin las debidas garantías ambientales. ¿Dónde está la diferencia con su postura?

¿No será que, más que un debate, lo que propone ahora el PSE es un viraje? Hace tiempo que el PSE se quedó solo en la férrea defensa del fracking que hizo el Gobierno López, ya que sus compañeros socialistas de Cantabria, La Rioja, Castilla y León o Nafarroa -por poner solamente los más cercanos- se han ido posicionando, y en su caso votando, por opciones de prohibición. Incluso el PSOE se ha sumado a la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, entidad que pide expresamente la prohibición del fracking. Pero la presión no es sólo exterior. Iruña Oka, municipio en el que gobiernan los socialistas, se ha declarado libre de fracking y el PSE de Álava firmó en diciembre una moción que instaba al Gobierno Vasco a realizar "cuantas modificaciones legislativas fuesen necesarias para prohibir el fracking". ¿No merecen los votantes socialistas, cuyo 70% rechaza el fracking, según la última encuesta del Gobierno Vasco, un paso más allá de ese "regular dentro de nuestras capacidades la extracción de hidrocarburos" que propugna el PSE?

En el caso de Navarra, el PSN ha sido el impulsor de la ley que se acaba de aprobar, con el mismo peligro de inconstitucionalidad por genérica al que alude una y otra vez el PSE para defender su postura en el Parlamento Vasco. Y es que, aún siendo importante, la clave no está en cómo defender el encaje competencial de una ley contra el fracking, sino en expresar previamente una voluntad política clara para impedir el acceso a los recursos no convencionales. No cabe la menor duda de que si tanto el PSE como el PNV demuestran una inequívoca voluntad política de dejar el gas de esquisto donde está, no va a resultar nada complicado hallar la fórmula legal para ahuyentar a los perforadores. Y esa voluntad política es la que todavía estamos esperando.

No nos sentimos depositarios de ninguna exclusividad en la lucha contra el fracking. El rechazo admite, aquí como en el resto de lugares, una amplia gama de matices y colores. Tras la pancarta del No al fracking cabemos todos, al menos todos los que tengan claro que estos proyectos son un despropósito. Y si éramos muchos, cada día seremos más. Y sigue cabiendo gente. Si lo que vamos a debatir son los matices o cómo plasmar ese No en las leyes, ningún problema. También sería bueno bajarse del escaño y venir a discutirlo por los pueblos, allí donde todos podemos expresar nuestras preocupaciones sin estar pendientes de mirar a la cámara. La invitación siempre estuvo abierta.

Eso sí, no vamos a entrar a hacer como que nos preocupa mucho el medio ambiente y dejar las puertas abiertas a quienes pretenden arramplar con los recursos y dejarnos todo hecho un cisco mientras nos dan la propina.