en una sociedad moderna como la nuestra donde el consumidor tiene acceso a infinidad de productos alimentarios de muy diverso origen y pelaje, la trazabilidad es una de las directrices que marcan la acción política y normativa en el ámbito agroalimentario. Es vital conocer y poder seguir la traza de un alimento desde que es producido en su origen hasta que llega a manos del consumidor final y en función de ello, si hubiera algún error en el funcionamiento de la cadena, poder determinar la identidad del infractor y exigirle la responsabilidad contemplada en la normativa.

No obstante, la cuestión tiene sus excepciones y ejemplo de ello es la actuación del comisario europeo de Agricultura, Dacian Ciolos, quien anunciaba recientemente la retirada de su propuesta de reglamento para acabar con las aceiteras rellenables en el canal Horeca -bares y restaurantes- con el consiguiente y lógico enfado de los productores de aceite y de las autoridades agrarias de los países mediterráneos, principales productores del líquido mágico.

El rumano Dacian Ciolos se ha arrugado ante la campaña mediática que dicho reglamento ha sufrido en los países del norte de Europa y muy especialmente de Alemania y Reino Unido y así, alegando falta de un apoyo mayoritario entre los países consumidores, ha dado marcha atrás y metido al cajón el reglamento presentado como una eficaz herramienta para garantizar la calidad del aceite de oliva consumido y como una defensa de los intereses de los consumidores.

El consumidor acude a los establecimientos hosteleros y en muchos casos se encuentra con que el empresario le ofrece una aceitera rellenable que no cuenta con ningún dato sobre el tipo de aceite que va a consumir. Estos recipientes no cuentan con etiquetado alguno y habitualmente son rellenados en el interior de la cocina y sin que el consumidor pueda comprobar si el aceite es de calidad, de qué tipo es o si es rellenado en la trastienda con una mezcla de aceites, unos buenos y otros no tanto.

En definitiva, que la sacrosanta trazabilidad del producto -aceite de oliva en este caso- empieza en el árbol, continúa en la almazara donde se elabora y envasa y al final es presentado anónimamente ante el consumidor final. ¿Para qué obligamos a los productores a llevar los cuadernos de explotación, a las almazaras a llevar el registro de entrada, cumplir los parámetros de calidad, clasificar el aceite en función de dichos parámetros y etiquetar los envases si al final esta trazabilidad se desparrama en las aceiteras?

Queda patente que en Europa manda quien manda, los países del Norte, que con unos argumentos peregrinos pero convenientemente expandidos por potentes medios de comunicación, han amedrentado al comisario y obligado a dar un paso atrás.

Eso sí, una vez fallido el amparo europeo, es el momento de que las autoridades españolas sean coherentes con lo defendido ante instancias europeas e impulsen, dando ejemplo ante Ciolos, una normativa con la que se prohíba el uso de aceiteras rellenables en el canal Horeca.

Parece ser que Miguel Arias Cañete ya está manos a la obra y que su Ministerio trabaja en un decreto sobre los envases de aceites de oliva utilizados en Horeca, por el que deberán contar con "un sistema de apertura que pierda su integridad tras su primera utilización y con un sistema de protección que impida su reutilización una vez agotado el contenido original". Confiemos en que dicho decreto vea la luz lo antes posible, puesto que aun faltando el reglamento europeo, el problema se reduciría a la mínima expresión si los Estados productores y a su vez consumidores regulasen dicha cuestión.