la denuncia de Luis Bárcenas al PP por despido improcedente supone un nuevo torpedo a la línea de flotación argumental de los máximos dirigentes populares en este caso. Hasta ahora, los principales portavoces del PP han intentando desmentir una y otra vez que hubiera existido en el tiempo próximo al escándalo de las cuentas en Suiza y de la publicación de la lista de pagos en sobres a miembros del partido -varios de ellos ya reconocidos por los propios beneficiarios- una relación laboral con el extesorero. Un empeño en el que ha participado incluso el presidente Mariano Rajoy, pero en el que se ha dejado seguramente buena parte de su carreta política futura la secretaria general María Dolores de Cospedal. Unos y otros han quedado ahora como evidentes mentirosos con la denuncia de Bárcenas, que parece dispuesto a no ceder en su intención de no perder ninguno de los privilegios alcanzados en sus largos años de servicio en el aparato político de Génova. Con su denuncia ante la Magistratura, Bárcenas intenta dejar claro que los 21.300 euros que recibía al mes del PP desde marzo de 2020 no era la simulación de un finiquito diferido, como torpemente intentó explicad Cospedal en un penosa actuación política. Cada uno de los pasos mediáticos o judiciales del personaje Bárcenas tratan de presionar al PP y de dejar en evidencia a sus actuales dirigentes, incluso apuntando la comisión de posibles delitos graves, como en el caso de que hubiera un pago fraudulento de la Seguridad Social a una persona ya en teoría sin relación laboral. Pero más allá de las responsabilidades penales que pudieran derivarse del caso Bárcenas y sobre todo de todas las ramificaciones del caso Gürtel -ambos apuntan a una financiación ilegal del PP con fondos de grandes empresas beneficiarias luego de sus adjudicaciones-, hay ya un posible delito ético de mentira que puede alcanzar a Cospedal y otros dirigentes del PP -incluido el propio Rajoy- y del que se pudieran derivar ineludibles responsabilidades políticas. Otra cosa es que en la actual situación de crisis institucional general en el Estado, el Gobierno y el PP decidan blindar la continuidad de Rajoy a costa de otras víctimas políticas como Cospedal o sus ministros Ana Mato y Cristóbal Montoro.
