Una década de impunidad

el 20 de febrero de 2003, la Guardia Civil procedió, por orden del juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo, a cerrar Euskaldunon Egunkaria. La operación, desplegada con todo tipo de recursos y jaleada desde ámbitos mediáticos españoles, respondía a delirantes informes de la propia Guardia Civil no contrastados por el juez, que situaban al diario en euskera como parte del conglomerado empresarial controlado por ETA. La clausura temporal y el embargo preventivo decretados por seis meses serían luego renovados sucesivamente hasta dos años exactos después, una vez forzada la liquidación de la empresa e imposibilitada su vuelta a la actividad. En la misma operación fueron detenidas diez personas, la mayoría directivos de Egunkaria, a los que se mantuvo bajo incomunicación. Tras su puesta en libertad, la mitad de ellos presentaron denuncia por torturas. Sólo una, la interpuesta por el director del rotativo, Martxelo Otamendi, logró un limitado recorrido judicial. Y, finalmente, fue el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo quien condenó al Estado español, más de nueve años después, por no investigar los supuestos malos tratos denunciados y violar el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Para cuando llegó este pronunciamiento, hacía dos años y medio que, el 12 de abril de 2010, siete años después de la operación policial y las detenciones, la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional absolvía a los últimos imputados con una rotunda sentencia que resultaba esclarecedora por su dureza contra la investigación policial y el procedimiento llevado a cabo por el juez Del Olmo y que tildaba el cierre de Egunkaria como "injerencia en la libertad de prensa". Y es preciso refrescar hechos y cronología porque una década después aún queda por dilucidar parte del denominado procedimiento económico del caso y ninguno de los gobiernos -los de Aznar, Zapatero y Rajoy- que han dirigido el Estado español en dicho periodo han procedido a resarcimiento alguno, ni tan siquiera han admitido el carácter arbitrario y alegal de una actuación que vulneró gravemente derechos fundamentales en un ejemplo flagrante de la impunidad con que el Estado ha venido desempeñándose respecto a Euskadi.