la corrupción atraviesa los cimientos de nuestra sociedad, tanto en el sector público como en el privado, alcanzando niveles alarmantes que están provocando una profunda desafección de la ciudadanía hacia representantes políticos, personal de sociedades públicas o partidos.
La situación actual, con escándalos mayúsculos que se repiten semana tras semana y afectan a buena parte de la clase política y empresarial, evidencia la necesidad de una nueva gestión pública reclamada por una ciudadanía cada vez más indignada. Establecer una conexión entre los derechos humanos y la corrupción tiene gran relevancia en un momento como el que vivimos.
La corrupción -debidamente comprobada con sentencia judicial, previo juicio con todas las garantías- supone una vulneración de los derechos humanos porque viola el principio fundamental de igualdad ante la ley, pilar básico del marco de derechos humanos.
Por otro lado, en momentos de limitación de recursos y crecientes recortes presupuestarios, cuando cada vez más personas se ven arrojadas a la pobreza, cuando crecen la desigualdad y la exclusión de los colectivos más vulnerables, resulta de vital importancia la protección de los derechos económicos, sociales y culturales. La corrupción es, sin embargo, uno de los obstáculos más importantes en el cumplimiento de la obligación estatal de garantizar estos derechos.
La corrupción vulnera igualmente los principios fundamentales de participación, transparencia y rendición de cuentas que impedirían, o al menos dificultarían enormemente, prácticas como el tráfico de influencias, clientelismo, donaciones opacas o favores ilícitos. Donde no hay luz pasan cosas que nadie conoce ni supervisa.
En este contexto cobra especial relevancia el reconocimiento del derecho de acceso a la información. La mayoría de los países occidentales se han dotado de una ley que garantiza el derecho de cualquier persona a acceder a la información pública promoviendo así la transparencia. El Estado español, no obstante, es el único país de Europa con más de un millón de habitantes que no tiene una norma en ese sentido.
El pasado 27 de julio el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, pero se encuentra por debajo de los estándares internacionales mínimos. Recoge una definición incompleta de información pública, va en contra de la definición de transparencia, excluye a instituciones como la Casa Real, parte del silencio administrativo negativo y ni siquiera considera el acceso a la información como un derecho fundamental, asociado a la libertad de expresión y a la calidad democrática.
Es mucho lo que ésta en juego. La democracia no puede estar en manos de gobernantes y organizaciones políticas que actúan con opacidad, sin transparencia, al tiempo que nos imponen continuos sacrificios y recortes de los derechos sociales conquistados durante generaciones con enormes sacrificios.
Andrés Krakenberger y Josu Oskoz
Activistas de Derechos Humanos
