la ofensiva militar aliada contra el régimen del sátrapa Muamar el Gadafi se inició a primera hora de la tarde de ayer con los disparos de un caza francés contra un vehículo de las fuerzas oficialistas libias, justo a la conclusión de la cumbre de París, al objeto de garantizar el cumplimiento de la resolución 1973 del Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas para proteger a la población de la brutal represión del dictador. Inmediatamente después le siguieron EEUU y Gran Bretaña con ataques de misiles por mar y aire, desatando así una guerra abierta contra Gadafi en medio de la ola de revueltas que azota a numersos países árabes. El operativo, que dada la amplitud de los poderes concedidos por la ONU está facultado para abrir ataques militares en todos los frentes, fue pactado bajo los auspicios de Nicolas Sarkozy con EEUU y Gran Bretaña como promotores principales, si bien el multilateralismo de esta ofensiva se ve reforzado por la participación de cuatro países árabes en esa reunión del Elíseo tras la inhibición positiva de Rusia y China en el Consejo de Seguridad. En esta ocasión, no cabe duda de que se trata de una acción bélica al amparo de la legalidad internacional, iniciativa que incluso puede calificarse de tardía porque Gadafi lleva casi un mes masacrando a sus oponentes y vulnerando el alto el fuego que había proclamado para atemperar a la ONU, en un intento de ganar tiempo para conquistar la ciudad de Bengasi y sojuzgar a la resistencia. Lamentablemente, el hecho de que el tirano libio controle la mayor parte del país y de la producción de crudo parecen abocar más a un conflicto bélico duradero que a una intervención militar quirúrgica, lo que de entrada supone que van a mediar los eufemísticos daños colaterales a una población civil que ya viene soportando padecimientos extremos largo tiempo atrás. La pregunta que cabe formular ahora es cómo la comunidad internacional ha permitido que Gadafi llegara tan lejos, consiguiendo incluso que la propia ONU levantara en 1999 las sanciones que le incoó y logrando su rehabilitación a cambio de matar algo, ofrecer petróleo y controlar la inmigración en el Mediterráneo. Una vez más ha quedado acreditado que los derechos humanos se dejan al albur de los intereses energéticos y de la geoestrategia.