LA filtración de documentos del Pentágono, el Departamento de Estado o el cuerpo diplomático de Estados Unidos por la web Wikileaks y su consiguiente reflejo en la prensa internacional -incluido que EEUU presionó a Justicia y Defensa para frenar la investigación por la muerte del cámara José Couso, lo dejó ayer en evidencia al fiscal general Cándido Conde-Pumpido- ha desenterrado un viejo debate que pretende provocar un daño colateral irreparable: el cuestionamiento de la libertad y la obligación de los medios de comunicación en hacer llegar a la sociedad la información que ética y profesionalmente consideren oportuna. La persecución judicial del fundador y editor de la web, Julian Assenge, acusado de una presunta violación que había sido desechada en primera instancia por la Fiscalía sueca, y la apertura por el fiscal general de EEUU, Eric Holder, de una investigación penal por la filtración masiva de documentos en Wikileaks, apuntan cuando menos en esa dirección. Sin embargo, ni el Gobierno de EEUU ni los ejecutivos cuyos representantes son citados en esos documentos han entrado en el verdadero debate necesario, el de la veracidad de los informes y la visión que ofrecen sobre la democracia y los abusos de poder que ésta no evita. Lo verdaderamente importante no es si el Departamento de Estado de EEUU considere que Zapatero únicamente se mueva "por cálculos electorales" o que Aznar perdiera el poder por "su nefasta gestión del 11-M", aun siendo esto relevante, sino los mecanismos ilegales o alegales que EEUU y el resto de los Estados en otros casos utilizan para lograr sus fines -como en el caso de las guerras de Irak y Afganistán- o para hacer acopio de una información con la que logran influir en las relaciones internacionales, los conflictos y el desarrollo humano en todos los campos y por motivos e intereses casi siempre distantes de la ética, los derechos y la libertad. No se trata de anteponer la seguridad a la responsabilidad informativa -el hermano de Couso acusa al Gobierno de "connivencia en la ocultación de delitos"-, sino de que los gobiernos no antepongan esa seguridad nacional a la moralidad democrática y, por tanto, no coarten a los medios ante su única obligación: informar de modo responsable y veraz.