El Tribunal Supremo de Israel ha emitido este lunes una orden que impide al Gobierno destituir en la práctica a la fiscal general, Gali Baharav-Miara, tras la aprobación unánime por parte del gabinete de su cese, en un movimiento sin precedentes que ha intensificado el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el sistema judicial.
La decisión judicial prohíbe al Gobierno dejar de colaborar con la fiscal, excluirla de reuniones clave o nombrar a una sustituta, medidas que el gabinete pretendía adoptar para implementar su destitución de facto. La corte ha indicado que estas acciones deberán esperar hasta que se pronuncie sobre la legalidad del proceso.
Votación sin la presencia de Netanyahu ni la fiscal
La votación del gabinete, en la que participaron 22 ministros, se ha realizado sin la presencia de Netanyahu ni de Baharav-Miara. El ministro de Justicia, Yariv Levin, ha sido el encargado de anunciar la decisión mediante un escueto mensaje en redes sociales: "El Gobierno ha aprobado por unanimidad terminar inmediatamente con el mandato de Gali Baharav-Miara".
El ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi, quien había exigido su destitución en noviembre de 2024, ha celebrado la decisión y ha reclamado el nombramiento inmediato de una sustituta. "El proceso que inicié hace unos nueve meses ha concluido. Más vale tarde (muy tarde) que nunca. Si fuera por mí, presentaría una acusación contra ella por fraude y abuso de confianza", ha manifestado.
Oposición y presión social en defensa del Estado de derecho
El partido opositor Yesh Atid, liderado por Yair Lapid, ha presentado una petición ante el Tribunal Superior de Justicia para bloquear el cese. "El Gobierno no quiere asesoramiento legal, quiere obediencia. Ha optado por renunciar al Estado de derecho, y nosotros hemos optado por luchar por él y la democracia", ha denunciado la diputada Karine Elharrar.
En Israel, donde no existe una Constitución escrita y el Parlamento es unicameral, la fiscalía general cumple una función clave como contrapeso del Ejecutivo. Su rol incluye supervisar la legalidad de las decisiones gubernamentales y velar por la preservación del Estado de derecho.
Deterioro en las relaciones
La relación entre la oficina del primer ministro y la fiscalía general se ha deteriorado desde que Netanyahu fue imputado en tres casos de corrupción. Aunque antes era percibido como defensor de la independencia judicial dentro de su partido, desde su regreso al poder en 2022 ha mantenido enfrentamientos constantes con Baharav-Miara, nombrada por el Gobierno anterior ese mismo año.
Sus principales socios de coalición, pertenecientes a la ultraderecha, acusan a la fiscal de interferir políticamente y obstaculizar su proyecto para consolidar un Estado judío completo tanto dentro de Israel como en los territorios ocupados de Cisjordania.
Baharav-Miara ha defendido su papel como garante de la legalidad institucional: "Mi trabajo consiste en presentar al Ejecutivo los límites de la ley, lo cual no debe confundirse con diferencias de opinión ni justificar una destitución", ha declarado.
El Supremo, además de emitir la orden de suspensión, ha recordado que sus opiniones legales continúan siendo vinculantes hasta que se resuelvan los recursos presentados. Mientras tanto, las tensiones institucionales se traducen también en protestas ciudadanas frente a la oficina del primer ministro en Jerusalén.
