El presidente destituido Yoon es trasladado a un centro de detención tras ser interrogado
Durante las 10 horas que ha durado el interrogatorio, el ex jefe de Estado surcoreano se ha negado a responder a las preguntas de los agentes sobre la polémica declaración de la ley marcial
El presidente destituido de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, ha sido trasladado este miércoles a un centro de detención tras ser interrogado poco después de su arresto en su residencia oficial en el marco de una investigación por presunta insurrección y abuso de poder en relación con la declaración de la ley marcial el pasado mes de diciembre.
La oficina anticorrupción del país asiático ha indicado que el interrogatorio ha finalizado horas después de su detención, sobre las 21.40 (hora local), si bien el exmandatario se ha negado a responder a las preguntas de los agentes sobre la declaración de la polémica ley, una decisión que provocó un gran despliegue militar en la capital y que ha sumido al país en una grave crisis política.
Las autoridades surcoreanas detienen al presidente cesado Yoon Suk-yeol
Así, Yoon ha sido escoltado desde las dependencias de la citada agencia al Centro de Detención de Seúl, situado en Uiwang, a unos 22 kilómetros de la ciudad. El desplazamiento se produce tras 10 horas de interrogatorio en Gwacheon, según informaciones de la agencia de noticias Yonhap.
Está previsto que Yoon vuelva a ser interrogado este jueves antes de que los investigadores presenten una solicitud para prolongar su detención. El ex jefe de Estado se ha convertido en el primer presidente del país en ser arrestado y se encuentra a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su destitución.
Yoon se niega a declarar en el inicio de su interrogatorio tras ser detenido
En un vídeo grabado y publicado tras su arresto, Yoon ha afirmado que ha "decidido aceptar comparecer para evitar un derramamiento de sangre", a pesar de que considera que se trata de "una investigación ilegal". Así, ha reiterado que la declaración de la ley marcial fue un "ejercicio de autoridad presidencial" destinado a enviar una advertencia al principal partido opositor ante una "crisis nacional".
En esta ocasión y a diferencia del primer intento de arresto, el personal del Servicio de Seguridad Presidencial no se ha resistido activamente a la ejecución de la orden: "Hoy prácticamente no hubo enfrentamientos físicos", ha indicado un agente de la oficina anticorrupción en declaraciones a los medios.
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