racias, gracias, gracias. Soy Joe Biden, el esposo de Jill Biden... Nuestro mensaje de hoy es este: podemos hacer esto. Os prometo que podemos hacer esto. Por todos los que perdimos, por todos los que echamos de menos, podemos acabar con el cáncer tal como lo conocemos hoy. Me comprometí con esta lucha cuando era vicepresidente. Francamente, ésta es una de las razones por las que me postulé para presidente. Que no quede ninguna duda: ahora que soy presidente, ésta es una prioridad de la Casa Blanca, punto". Con estas palabras el presidente y la primera dama anunciaron el relanzamiento del plan Cancer Moonshot el 2 de febrero en la Casa Blanca.
Ambos tienen un interés personal en el desarrollo de la investigación sobre el cáncer ya que en 2015 su hijo Beau murió de glioblastoma, un tipo de cáncer cerebral muy agresivo. Un año más tarde, el presidente Barack Obama pidió a Biden -entonces vicepresidente- que dirigiera el programa Moonshot, con el objetivo de avanzar en el diagnóstico, prevención y tratamiento del cáncer.
En diciembre de 2016, el Congreso aprobó la Ley de Tratamientos del Siglo XXI (21st Century Cures Act) con un presupuesto de 1.800 millones de euros para siete años. La ley simplificó la toma de decisiones relacionadas con esta enfermedad creando un centro de investigación oncológica, a fin de que los tratamientos fueran aprobados más rápidamente. A lo largo de siete años fiscales, el Congreso asignó una cantidad determinada de los fondos asignados: 300 millones al Instituto Nacional contra el Cáncer (NCI) para el año fiscal 2017, 300 millones en 2018, 400 millones en 2019, 195 millones en 2020 y 195 millones en 2021. El NCI anunció que hasta el día de hoy se han invertido 1.000 millones en más de 240 proyectos de investigación pero que aún quedan por asignar unos 400 millones de los 1.800 millones presupuestados, ya que Trump no priorizó el programa.
Gracias al progreso de los sistemas de salud pública y a los avances científicos, durante los primeros veinte años del nuevo milenio la tasa de mortalidad por cáncer se ha reducido en aproximadamente un 25% y la calidad de vida de los supervivientes es notoriamente mejor. Ahora Biden anuncia nuevos objetivos: reducir la tasa de mortalidad por cáncer en al menos un 50% durante los próximos 25 años y mejorar la experiencia de las personas que sobreviven a esta enfermedad y la de sus familiares. Para ello es imprescindible invertir en prevención mediante un mejor sistema de diagnosis, abordar las desigualdades sociales y económicas de los pacientes, personalizar los tratamientos, acelerar la investigación sobre los más de 200 tipos de cáncer, en especial la de los cánceres infantiles y, apoyar a los pacientes, familiares y supervivientes.
Con ese objetivo, el programa Cancer Moonshot restablecerá el liderazgo del ejecutivo en esta materia mediante el nombramiento de un coordinador de Cancer Moonshot en la Casa Blanca que formará parte del consejo gubernamental y un Gabinete de Cáncer que coordinará los esfuerzos de los diversos departamentos y agencias públicas en esta lucha. Biden se comprometió asimismo a realizar un esfuerzo internacional en este sentido que resultó en la reunión de un nutrido número de oncólogos estadounidenses y británicos en noviembre de 2021.
El presidente ha priorizado la reducción de los costos hospitalarios y de los medicamentos recetados al permitir que Medicare negocie los precios con las empresas farmacéuticas. Paralelamente, mediante la mejora de los beneficios de Medicare, Biden pretende expandir la cobertura médica con la Ley de Tratamientos de Salud Accesibles (Affordable Care Act) que reducirá las primas a 9 millones de ciudadanos, limitará el coste de los medicamentos (incluidos aquellos contra el cáncer) y cubrirá a millones de estadounidenses sin seguro médico en estados que no han expandido Medicaid.
Gracias a estos esfuerzos millones de ciudadanos han obtenido cobertura médica a través de esta agencia en los últimos meses. No obstante, en los doce estados en los que no se adoptó la expansión de Medicaid en enero de 2021, la cobertura sigue siendo limitada: El límite de ingreso medio para acceder a Medicaid de las familias en estos estados es de solo el 41% del umbral de pobreza, o un ingreso anual de 8.905 dólares para una familia de tres miembros en 2020, y los adultos sin hijos siguen sin poder solicitar cobertura médica.
La agenda del presidente en esta materia supone la mayor expansión en el ámbito de la atención médica en los Estados Unidos en una década, pero el futuro de los servicios de salud pública afronta graves impedimentos, restricciones y conflictos. La mayor parte de las iniciativas de Biden parten del ejecutivo y no tienen apoyo en el Congreso, con lo que quedan al albur del devenir electoral. Los legislativos estatales, incluso los de mayoría absoluta demócrata, tampoco parecen apoyar estas políticas. Éste es el caso del proyecto de ley AB 1400 de California, que habría dado lugar al primer sistema de atención médica universal y gratuita de los Estados Unidos. El proyecto de ley tenía que aprobarse antes de la medianoche del lunes 31 de enero para adquirir fuerza de ley en 2022. Tan sólo hacían falta 41 votos, un umbral muy accesible ya que los demócratas controlan 56 de los 80 escaños de la Cámara de Representantes de California. Pero, a pesar de que la atención médica universal y gratuita es una prioridad para el partido, un día antes de que Biden anunciara el relanzamiento del programa Cancer Moonshot, los demócratas vieron frustrado su objetivo.
No es la primera vez. El estado de Vermont fue el primero de la Unión en promulgar un sistema público de seguridad social en 2011, pero lo abandonó por su excesivo coste económico. En California, los votantes rechazaron abrumadoramente un sistema de atención médica universal en 1994. El exgobernador republicano Arnold Schwarzenegger vetó dos veces una legislación similar a las puertas del nuevo milenio y una propuesta similar se estrelló contra la asamblea del estado en 2017.
El proyecto de ley de California se ha enfrentado fundamentalmente a la oposición de organizaciones empresariales, que denuncian el alto coste de un sistema de seguridad social. Preston Young, presidente de la Cámara de Comercio de California, aseguró que éste no es el momento de "experimentar con una nueva burocracia estatal financiada por impuestos insostenibles que se imponen a los empresarios que intentan sobrevivir a una pandemia". Y es cierto que un estudio sobre la propuesta de 2017 de atención médica universal en California estimó que en 2022 costaría alrededor de 356.000 millones de dólares anuales. Y también es cierto que, comparativamente, el presupuesto operativo del estado de California, que cubre los gastos del sistema escolar, los tribunales, vías de comunicación y otros servicios urgentes, es de aproximadamente 262.000 millones. Pero no es menos cierto que el gobernador Gavin Newsom estima que California va a desembolsar alrededor de 517.000 millones en gastos de atención médica en 2022, sustancialmente más de lo presupuestado por la ley AB 1400... y más de tres millones de californianos continúan sin seguro, casi el 10% de la población del estado. El mayor obstáculo en la guerra contra el cáncer -o el covid- no es la enfermedad, sino los intereses humanos.
