México ultima los preparativos de la consulta popular sobre si se debe enjuiciar a los expresidentes del país por varios delitos, un referendo que divide a los mexicanos entre quienes creen que acabará con la impunidad y quienes se oponen a que la justicia se someta a las urnas.
La consulta, a la que están llamados 93,6 millones de mexicanos, fue una promesa del presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien como mandatario electo ya organizó un referendo para cancelar las obras del que iba a ser el nuevo aeropuerto capitalino. Esta, sin embargo, será la primera que contará con garantías jurídicas y la participación de los organismos electorales, y sirve de antesala para la consulta de revocación de mandato del presidente convocada para el próximo año.
La pregunta de la consulta fue un intenso tema de debate, puesto que en un inicio proponía enjuiciar a Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018). López Obrador los señalaba por la corrupción, las desigualdades, las privatizaciones, los fraudes electorales o la guerra contra el narcotráfico, entre otros males.
Pero el Supremo modificó la pregunta y dejó un enunciado muy abierto que plantea a los votantes si quieren “emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en el pasado”.
Aunque muchos consideran la pregunta poco clara, Ariadna Bahena, activista y promotora de la consulta, dijo que es “atinada” porque “los crímenes y las violaciones a derechos humanos no corresponden a una sola persona”, si no a varios actores de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
De todos modos, desde el inicio de la campaña el 15 de julio, los promotores vinculados al oficialismo empapelaron las calles con las caras de los exmandatarios.
El que no participará es López Obrador, quien, a pesar de convocar la consulta y promover la participación, dijo varias veces que su “fuerte no es la venganza”.
