- La Policía de Brasil abrió ayer una investigación contra el presidente del país, Jair Bolsonaro, para indagar un supuesto delito de prevaricación en la adquisición de vacunas anticovid, una enfermedad que ya deja más de 533.000 muertos en el país. La investigación fue iniciada por la Policía Federal tras la autorización dada a comienzos de mes por la magistrada Rosa Weber, miembro de la Corte Suprema de Brasil, tras una petición de la Fiscalía. La investigación deberá establecer si el presidente y líder de la ultraderecha brasileña cometió prevaricación y otros delitos en las negociaciones para la compra de la vacuna Covaxin, elaborada por la farmacéutica india Bharat Biotech.
Las sospechas fueron puestas sobre la mesa por el diputado Luis Miranda, de la base política que respalda a Bolsonaro, y su hermano Ricardo Miranda, jefe de importaciones del Ministerio de Salud, durante una comisión del Senado que intenta determinar si el Gobierno es responsable del agravamiento de la pandemia en el país.
Miranda reveló que el presidente ignoró informaciones que le fueron dadas sobre irregularidades en el contrato de intención de compra desarrollado por el laboratorio Bharat Biotech, el cual fue suspendido sólo cuando las sospechas fueron reveladas por la comisión y la prensa local. "Se trata de una historia fantasiosa que sólo sirve para que tres senadores se promuevan políticamente", aseguró Bolsonaro.
La Policía tendrá ahora un plazo inicial de 90 días, prorrogables, para concluir las investigaciones y, en base a ella, la Fiscalía deberá determinar si hay indicios sólidos contra el capitán de la reserva del Ejército.
En caso de encontrar evidencias, la Fiscalía podría presentar una denuncia contra Bolsonaro ante la Corte Suprema. No obstante, en caso de aceptarla, el máximo tribunal tan solo podrá iniciar un juicio con el aval de una mayoría de dos tercios del pleno de los 513 diputados, una mayoría que actualmente se desconoce si podría reunirse. En caso de que siga adelante el proceso, el presidente sería suspendido de sus funciones durante los 180 días que el Supremo tendría de plazo para concluir el juicio y destituido si fuera declarado culpable.
El inicio de la investigación en el caso de las vacunas ha aumentado la presión contra el jefe de Estado, cuya popularidad se encuentra en horas bajas en medio de la crítica situación de la pandemia y las crecientes sospechas de corrupción en su Gobierno.
De acuerdo con encuesta del Instituto Datafolha, el índice de rechazo al Gobierno de Bolsonaro saltó desde el 45% en mayo hasta el 51% en julio, mientras que el porcentaje de brasileños que apoya su gestión se mantuvo en el 24%. Otro sondeo reciente de la misma firma revela que por primera vez la mayoría de los brasileños están a favor de la apertura de un juicio político con vías a la destitución del mandatario por los diferentes crímenes de responsabilidad que se le atribuyen.
Los diferentes frentes abiertos contra el presidente en plena pandemia han debilitado políticamente a Bolsonaro y los sondeos pronostican su derrota en las elecciones presidenciales de 2022. A falta de un año para los comicios, Bolsonaro perdería en una segunda vuelta frente su principal antagonista político, el exmandatario y líder progresista Luiz Inácio Lula da Silva, quien recuperó sus derechos políticos tras pasar 580 días en prisión acusado de corrupción.
