- El proyecto de ley con el que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, busca promover una ambiciosa reforma migratoria que otorgue una vía a la ciudadanía para 11 millones de indocumentados llegó ayer al Congreso, con el respaldo del senador de origen cubano Bob Menéndez y la legisladora Linda Sánchez, de raíces mexicanas.
Menéndez, el latino de más alto rango en el Legislativo estadounidense, y Sánchez son los patrocinadores de la Ley de Ciudadanía Estadounidense de 2021, la propuesta bandera con la que el Gobierno de Biden busca remodelar el sistema de migración del país, que desde hace más de 30 años no aprueba una reforma de este tipo.
La iniciativa busca garantizar una solución a largo plazo para los “soñadores”, como se conoce a los inmigrantes llegados al país siendo niños y amparados por el programa DACA; y a los beneficiados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) que en su mayoría proceden de Centroamérica y los trabajadores agrícolas inmigrantes.
Amplía además los visados de diversidad de 55.000 a 80.000, promueve cambios en el sistema de inmigración basado en el empleo y tiene entre sus prioridades mantener a las familias inmigrantes unidas.
Para convertirse en realidad, la propuesta de Biden deberá contar con la totalidad de los votos demócratas en el Senado, 50, y asegurarse diez republicanos. De lo contrario, estará condenada a fracasar como ha sucedido con los intentos de regularización en años anteriores.
“Estamos aquí porque el pasado noviembre 80 millones de estadounidenses votaron contra Trump y contra todo lo que representaba. Votaron para restaurar el sentido común, la compasión y la confianza”, dijo Menéndez en una conferencia. “Y parte de ese mandato agregó es arreglar nuestro sistema de migración, piedra angular del espectáculo de Trump”.
Al dirigirse a sus colegas republicanos, aseguró que el voto latino no es propiedad de ningún partido y destacó que los hispanos son “la mayor minoría racial y étnica del país”.
En su intervención, Sánchez recordó que es hija de inmigrantes mexicanos, y afirmó que por ello se ha dedicado a construir un sistema de inmigración “que permita a la gente vivir sin miedo”.
El proyecto prevé un proceso de ocho años para que los indocumentados puedan alcanzar la ciudadanía. Previamente, quedarán amparados por un estatus temporal y, después de cinco años, podrán optar por una tarjeta de residencia permanente (conocida como green card).
Para los “soñadores”, los beneficiarios del TPS y los trabajadores agrícolas inmigrantes, la iniciativa propone una residencia legal de “inmediato” y tres años más tarde la ciudadanía. Será un requisito fundamental para estas personas “haber estado en el país antes del 1 de enero de 2021”.
El proyecto de ley deroga además la prohibición de reingreso para quienes hayan permanecido de forma irregular en territorio estadounidense, elimina los topes por país para los visados basados en el empleo y aumenta de 10.000 a 30.000 los cupos para los visados U (que se otorgan a víctimas de abuso físico o mental).
Asimismo, elimina el plazo mínimo de un año para que quienes se encuentren en el país puedan solicitar asilo, reemplaza el término “extranjero” por “no ciudadano” y promueve la reunificación de familias, en especial de los grupos familiares LGBTQ+.
También crea opciones para que las personas que buscan protección puedan solicitar un estatus legal en Centroamérica; restablece el programa de menores centroamericanos que permite reunir a los pequeños con sus padres que residen en EEUU; y destina recursos para el uso de la tecnología en las fronteras.
