Caracas - Muchos de los excarcelados estos últimos días por el Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, siguen a la espera de conocer las condiciones de su libertad, al estar cerrados los tribunales que llevan sus causas. Una de las más de cuarenta personas liberadas que no encontró al juez es la hispano-venezolana Andrea González, que llevaba dos años y cuatro meses detenida junto a su amiga Betty Grossi acusada de querer matar a la hija del dirigente chavista Diosdado Cabello. González y Grossi acudieron el martes al Palacio de Justicia de Caracas acompañadas por su abogado, Joel García. “Los tribunales no van a despachar hasta el 8 de enero”, comentó el abogado.
En la misma situación está el ingeniero Juan Miguel de Sousa, también representado por García, que estaba en prisión desde enero de 2015 acusado de “terrorismo” y “asociación para delinquir”. Otro de los que pasará las fiestas sin conocer las condiciones de su libertad es el dirigente estudiantil Jhosman Paredes, preso desde 2014 y quien se quejó de que los tribunales no estén trabajando.
La parálisis de procesos judiciales porque los tribunales no están operativos es algo habitual en Venezuela, lo que los abogados defensores de derechos humanos ven como una forma de alargar los casos y evitar así liberar a quienes consideran “presos políticos” por falta de pruebas. La abogada Ana Leonor Acosta, defensora de uno de los liberados el fin de semana, indicó que en el actual sistema en Venezuela “el Gobierno da la orden” de las liberaciones y después los excarcelados tienen que irse “a presentar al tribunal para conocer cuáles son las medidas” concedidas.
Acosta es la letrada del exalcalde opositor Alfredo Ramos, de 62 años y con problemas de hipertensión, quien fue detenido en julio por no levantar de las calles del municipio de Iribarren las barricadas erigidas durante las protestas antigubernamentales de este año. A diferencia de otros excarcelados, a Ramos, el Tribunal Supremo de Justicia ya le ha ordenado que se presente cada treinta días ante una instancia judicial de Barquisimeto, como medida sustitutiva de la privación de libertad.
La primera ronda de liberaciones fue decidida por la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente instaurada por el chavismo en Venezuela, que anunció que se aplicarán otras medidas sustitutivas de cárcel, aunque no fueron especificadas. - Efe
