Brasilia - Parlamentarios afines a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, celebraron ayer la decisión del presidente interino de la Cámara de los Diputados, Waldir Maranhao, que ha suspendido momentáneamente el proceso para una probable destitución de la gobernante. El jefe del grupo del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) en el Senado, Humberto Costa, afirmó que el Gobierno intentará ahora la “anulación definitiva” de los trámites legislativos que le pueden costar el cargo a Rousseff.

Maranhao anunció ayer que ha suspendido la votación del pasado 17 de abril, en la que la Cámara de Diputados le dio luz verde al proceso por 357 votos y lo remitió al Senado, debido a “vicios” detectados en el trámite que, en su opinión, debería llevar a que esa sesión se realice otra vez. Costa aseguró que el PT trabajará para revertir “el marcador” si se repite la votación en la Cámara Baja y advirtió de que, si fuera aprobado de nuevo por los diputados, el “proceso deberá comenzar de cero” al llegar a la Cámara Alta.

El senador insistió en que Rousseff no cometió “ningún crimen” y remarcó que el proceso abierto en su contra fue una “venganza” del ahora expresidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, un adversario político de la mandataria investigado por corrupción y cuyo mandato fue suspendido por la Corte Suprema. “Cunha no tenía autoridad moral. Creemos que podemos conseguir una anulación definitiva”, declaró a periodistas en el Palacio presidencial de Planalto.

La senadora del oficialista Partido Comunista Brasileño (PCdoB), Vanessa Grazziotin, señaló que, con la decisión de Maranhao, el Gobierno “ganó tiempo para discutir lo que está en curso en Brasil”, que el Ejecutivo califica como “golpe de Estado”. “La Cámara Baja actuó de manera equivocada desde el principio cuando, por una venganza, por un desvío de poder (de Cunha), aceptó el proceso”, señaló Grazziotin, una acérrima defensora de Rousseff en el Senado.

Grazziotin, Costa, la senadora Gleisi Hoffmann y otros congresistas participaban en un acto en el Palacio de Planalto, donde Rousseff anunciaba proyectos para el área de educación, para celebrar la suspensión del proceso, que deja de momento en el limbo una votación prevista para esta semana en el Senado. En esa votación, el pleno de los 81 senadores debe definir si será instaurado el juicio político contra Rousseff, lo que la separaría del cargo durante al menos los 180 días que puede durar el proceso, aunque esa decisión ahora ha quedado en suspenso. - Efe