la violencia doméstica es delito en China desde este pasado 1 de marzo, un paso histórico para el país y un triunfo para los colectivos de feministas que llevan más de una década trabajando para que esa lacra sea punible. La primera ley china contra la violencia doméstica entró en vigor dos meses después de que el Parlamento, la Asamblea Nacional Popular, la aprobara tras un periodo de consultas a la ciudadanía. La nueva ley está considerada un “hito” en China, un país donde estos maltratos se siguen viendo como un “asunto privado” a tratar en familia. Cerca del 40% de las mujeres chinas casadas o en una relación han sufrido violencia física o sexual por parte de sus parejas, según datos de 2014 de la Federación de Todas las Mujeres de China, ligada al gobernante Partido Comunista.

No obstante, la Federación sólo recibe entre 40.000 y 50.000 denuncias al año, lejos del porcentaje de afectadas, pues la población total de féminas asciende a 667 millones, según los datos más recientes. De ahí la necesidad de derribar el tabú y perseguir a los atacantes. A partir de ahora, tan sólo bastará con una denuncia para que los casos sean investigados y las víctimas puedan conseguir una orden de alejamiento en 72 horas, o en cuestión de un día si es urgente.

“Es un paso importantísimo. Ha sido un largo recorrido: se lleva peleando desde 1995”, destacaba Wei Tingting, una de las activistas en defensa de la mujer más activas del país y parte del grupo de cinco feministas arrestadas el año pasado por sus innovadoras campañas en espacios públicos. La nueva legislación define la violencia doméstica como “daño físico, psicológico o de otro tipo” y se contemplan manifestaciones de ese abuso tanto los golpes, las heridas como las amenazas o los insultos.

Las alusiones a los abusos emocionales no estaban incluidas en las primeras versiones de la ley, si bien las autoridades cambiaron de opinión tras recibir numerosas críticas. También aceptaron como violencia doméstica las situaciones en los casos de cohabitación, cuando las parejas no están casadas, otra reivindicación de los colectivos feministas no recogida inicialmente. Sin embargo, la ley no reconoce como violencia doméstica los abusos sexuales dentro de la pareja, casada o no, y tampoco incluye los maltratos dentro de parejas que no estén casadas ni convivan.

Tampoco condena otro tipo de agresiones por parte de otros miembros de la familia, ni incluye la violencia entre personas del mismo sexo. La ley marca las pautas de actuación de la Policía en estos casos y le obliga a ayudar a la víctima a recibir atención médica e intervenir si es testigo de una agresión. Hasta ahora, los centros de ayuda fundados por ciudadanos de a pie eran el único cobijo de las víctimas que se decidían a alzar la voz, recordaba una letrada que trabaja en una de estas organizaciones, Zhongzhe, y quien prefiere hablar a Efe desde el anonimato.

La profesional cuenta el caso de Li Yan, una mujer de la provincia sureña de Sichuan, que les contactó tras ser sentenciada a muerte. Su marido llevaba años recibiéndola con palizas en casa, hasta que un día ella decidió reaccionar y le mató. “Con nuestra ayuda y la de otros centros pudimos reducir su pena”, cuenta la abogada, que se entristece al recordar la historia de otra mujer a quien no pudieron ayudar.

“A los diez meses de casarse, el marido le pegó una paliza y la mató”, expresaba. El hombre pasó unos años en prisión por aquello pero al salir volvió a las andadas: se casó con una segunda mujer y la agredió, pero ella no se calló y pidió ayuda al centro Zhongzhe. Ellos han tratado de mantener al hombre alejado de ella, con las dificultades de no tener una base legal para hacerlo, aunque a partir de ahora, podrá pedir una orden de alejamiento. Es un claro avance, dice la letrada, aunque la batalla, asegura, no acaba: muchas de las víctimas aún seguirán a oscuras.