Menores como esclavos al servicio de bandas criminales

Menores como esclavos al servicio de bandas criminales

niños y jóvenes trabajan como informantes, 'raspachines' o en el microtráfico de droga

Son reclutados por guerrillas y grupos armados no como soldados, sino para ser utilizados para burlar a las autoridades

a. ibarra

vitoria. Los niños y niñas no sólo son reclutados por los grupos armados para empuñar un fusil en Colombia sino que también sirven a sus comandantes para trabajar como esclavos: como informantes, "raspachines" (raspar hoja de coca en las cuatro cosechas anuales), transportadores de droga o en la cadena del micro-tráfico. Son mano de obra en tareas de recolección de leña o el montaje de campamentos. Y a menudo son víctimas de abusos sexuales, denuncia un informe del Servicio Jesuita a Refugiados. En la cadena de micro-tráfico se encargan de transportar, usar y distribuir estupefacientes. Los grupos dedicados a ese micro-tráfico reclutan menores para "comerciar pequeñas dosis de estupefacientes y burlar a las autoridades". Solo en enero de 2012 fueron detenidos 673 menores por micro-tráfico, en Medellín, Bogotá, Bucaramanga, Barranquilla, Cúcuta, Pereira, Ibagué, Cartagena y Villavicencio. Menores que quedaron a disposición de la justicia.

El Instituto Colombiano del Bienestar Familiar cifra en más de 18.000 niños en las filas de las Bacrim y guerrillas. Sólo un 2% de los casos son denunciados. La gran mayoría de estos menores se han vinculado a estos grupos por presiones físicas y psicológicas. Sin embargo, el ICBF, asegura que la persuasión por el uso de armas, del poder y la situación económica de los menores también influyen. El riesgo de reclutamiento provoca, a su vez, desplazamientos de cientos de familias.

Organizaciones de derechos humanos y apoyo a las víctimas de Cúcuta coinciden en señalar que el manejo de niños en zonas de frontera se corresponde con una estrategia de "reorganización militar" por parte de las bandas armadas. Así, estos menores son llevados a Venezuela para su entrenamiento y, desde allí, penetran en Colombia para sicariar, en contrabando o microtráfico de droga. De igual modo otros menores de Venezuela son reclutados por estas mafias para delinquir en ciudades como Cúcuta. El problema es que el Estado sólo habla de reclutamiento de "niños soldados" y no reconoce, por tanto, el uso de menores para otros objetivos criminales.

Lo terrible es que todas estas víctimas de las Bacrim -muchas de ellas menores edad- al no serlo de guerrilla y paramilitares, no están cobijadas por la ley 1448 del 2011, y no tienen las garantías de reparación necesarias. Además, "el itinerario" que se sigue en la atención a las víctimas en municipios y regiones se "invisibiliza porque muchos menores son trasladados a otros departamentos del país", denuncian desde el centro de atención al inmigrante de Cúcuta. Y en su área metropolitana muchos de los desplazamientos están motivados por represalias a familias que no se prestan al reclutamiento de jóvenes.

Las chicas, muchas menores, también son carne de cañón. Las captan en los colegios o en casas donde identifican a madres que trabajan se quedan esas niñas de 14 y 15 años a cargo de niños de 6 y 7 años. Les ofrecen dinero y regalos, y "las convencen" para ejercer la prostitución o para sacar droga del país, expone una líder vecinal de Cúcuta. Por otro lado, la policía lleva a cabo detenciones arbitrarias y de chicos que han sido víctimas (exentos del servicio militar) o que han perdido una familiar, y son trasladados a otro batallón para entrenarlos lo que supone su mayor "revictimización".

bandas criminales Para empezar, el Estado no reconoce la existencia de grupos armados vinculados al conflicto. Es decir, las famosas Bacrim -alrededor de una docena- son, para el Gobierno, bandas criminales al servicio del narcotráfico. Las ONG tienen una opinión bien diferente de su modus operandi: desplazamientos forzados, torturas, amenazas y captación de territorios, en definitiva violaciones de Derechos Humanos, por lo que su presencia implica "un control político, económico y social". Vera Samudio, del SJR, agrega que no existe un solo homicidio donde "no estén enfrentados" estos grupos.

El padre Francisco de Roux, máxima autoridad de los Jesuitas en Colombia, las define como una evolución del paramilitarismo colombiano a partir de la desmovilización del 2006, pero manteniendo muchas de las jefaturas anteriores y estrechas relaciones con mandos militares y policiales. Grupos que, además llegan a alianzas con las FARC para proteger mercados de coca o que están al servicio de los intereses de las grandes empresas mineras.

Su control es complejo. "Muchos de los grandes cabecillas están extraditados a Estados Unidos y señalados por tráfico de drogas, pero ese control territorial hace que no se identifique quién es el líder", apuntan desde el SJR de Cúcuta. Se aseguran además que las autoridades locales "no ejerzan los controles necesarios". Fernan González, del centro de investigación CINEP, añade que las bandas son responsables de las amenazas y asesinatos contra organizaciones "reclamantes de tierra" lo que evidencia que "no son sólo bandas criminales insertas en el narcotráfico; oficinas de seguridad privada contra las reformas del Estado".

Desmovilización paramilitar inacabada

Las organizaciones no gubernamentales y de defensa de los derechos humanos en Colombia mantienen que los grupos paramilitares continúan delinquiendo en diferentes regiones del país pese a la desmovilización en 2006 de 31.670 miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (se crearon en años 90 para combatir a las FARC alegando la incapacidad del Gobierno para doblegarlas). El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz calcula que entre 3.800 y 10.000 personas integran las nueva bandas, con incidencia en 31 departamentos. Se financian a través del narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal y el contrabando aprovechando la experiencia criminal de varios de sus miembros. La memoria del SJR en Colombia de 2012 destaca que algunas estructuras armadas que se crearon a partir de 2005 fueron "diseñadas y fortalecidas en territorio venezolano". Su presencia durante los últimos años al menos en tres de los cuatro estados fronterizos (Zulia, Tachira y Apure) ha incrementado los niveles de inseguridad y el flujo de personas que pide refugio muchas de ellas en situación irregula, el reclutamiento forzado de menores y jóvenes, y el aumento de homicidios en la región. >a.i.

Se calcula que en Colombia hay más de 18.000 niños y niñas en las filas de las Bacrim y las guerrillas