vitoria. LUIS Monroy, jefe de investigaciones científicas del estado Táchira, moría asesinado el pasado mes de septiembre en una operación destinada a liberar a un secuestrado en el sector La Popa, de San Cristóbal, y la captura del jefe paramilitar de la banda Los Urabeños. El comisario murió acribillado por más de veinte supuestos paramilitares que sorprendieron a la patrulla de soldados y policías a los que Monroy guiaba por una zona de la frontera amazónica común. El suceso ha intensificado los controles en la frontera, al menos del lado venezolano, pero no son suficientes para frenar la escalada de violencia que desde hace diez años mina las ciudades limítrofes entre ambos países.
Venezuela y Colombia comparten una frontera de 2.219 km controlada en buena medida por grupos ilegales dedicados al tráfico de droga, gasolina, alimentos y productos venezolanos, mucho más económicos por las subvenciones estatales. Entorno a esta raya operan paramilitares, guerrilleros, narcotraficantes, secuestradores, contrabandistas y otros delincuentes. Mafias internacionales y actores oficiales de uno y otro lado se relacionan con los grupos armados.
Cada región se ha especializado en un mercado. El petróleo es el motor del negocio entre Arauca y Apure, el contrabando de gasolina interesa entre el Norte de Santander y Táchira, y entre La Guajira y el Zulia de Venezuela se ha documentado la presencia de cárteles de la droga mejicanos y dominicanos. De hecho hay informes que aseguran que los mexicanos se están embolsando ya una parte mucho mayor de las ganancias del narcotráfico de Colombia. El conflicto se ha internacionalizado.
El coordinador del Observatorio del Conflicto de Nuevo Arco Iris Ariel Ávila ha contabilizado en su libro Frontera Caliente más de 30.000 homicidios en solo una década en este corredor conectado por cuatro puentes internacionales pero más de 200 caminos ilegales sólo en el Norte de Santander. El negocio de la gasolina mueve, según este investigador, más de 500 millones de dólares al año y las acciones conjuntas entre ambos países contra el narcotráfico no han dado sus frutos. El contrabando y el narcotráfico son controlados por grandes estructuras criminales como Los Rastrojos o sus socios Los Zetas mexicanos.
El libro demuestra las relaciones entre el Estado y el crimen organizado, a la vez que sostiene la tesis de que algunos grupos neoparamilitares -Los Rastrojos, las Águilas Negras y el ejército privado del Loco Barrera- se formaron en Venezuela y de ahí se expandieron hacia las regiones próximas de Colombia. Por ejemplo en Zulía (Venezuela), constata que policías y sectores de la Guardia Nacional bolivariana controlan rutas y son parte activa de los carteles del narcotráfico.
gasolina En las ciudades próximas a Cúcuta los vendedores informales de combustible de contrabando se benefician de los generosos subsidios estatales de Venezuela, que hace que ésta sea la más barata del mundo. Alrededor de 10.000 personas cruzan a diario la frontera con Venezuela. La gasolina que cargan los vehículos cuesta 0,02 dólares el litro, mientras que en Colombia su coste es de 1,25 dólares (62 veces más cara). De este modo un vehículo puede llenar un tanque de 40 litros por poco más de medio dólar en Venezuela, cruzar la frontera y vender el líquido a un pimpinero por unos diez dólare. Éste a su vez lo revende en el mercado negro colombiano a unos veinte, la mitad de lo que cuesta llenar el tanque en el mercado oficial. A pocos metros, las fuerzas de seguridad colombianas (dos guardias en el paso fronteriza) hacen la vista gorda a los intermediarios que venderán el combustible a cientos de compradores que se apuestan a diario en las calles de Cúcuta. Mientras tanto, las pocas estaciones de servicio legales abiertas en el pueblo permanecen vacías. En teoría el límite legal de carga es de 42 litros al día, incluso existe un chip de racionamiento que implantó el Gobierno venezolano y que va pegado en el parabrisas, pero el control se burla con depósitos trucados en los vehículos.
Como medida para luchar contra el contrabando hace unos días el Gobierno bolivariano informaba que la gasolina que se vende en las bombas internacionales de la frontera se incrementará de 12 a 20 bolívares el litro (tres dólares a precio oficial). Cabe recordar que en Venezuela rige un control de cambios en el que el dólar se cotiza a 6,30 bolívares, mientras que en el mercado paralelo supera casi ocho veces el precio oficial, con lo que calculado a "tasa negra" el litro a 20 bolívares cuesta menos de 50 centavos de dólar.
Ingrid Bournat, del Servicio Jesuita a Refugiados en Venezuela, destaca que, además de la gasolina, el diferencial cambiario favorece el contrabando de otros productos alimentarios subsidiados por el Estado y dirigidos a políticas sociales lo que crea verdaderos problemas de desabastecimiento. El margen ganancial de todo tipo de productos supera el 60% lo que alimenta el "lucro y la usura", además de provocar "desastrosas alianzas entre líderes políticos venezolanos y actores armados colombianos". La corrupción de funcionarios a ambos lados de la frontera es vox populi. Un escenario en el que resulta inconcebible la postura del Gobierno de Venezuela , "con una propuesta de país tan diferente" y que "no haya visibilizado más la crisis humanitaria que ha generado miles de desplazamientos".
el tránsito de la droga Los 436 kilómetros de frontera que ocupa el Norte de Santander están copados por los tentáculos de diferentes grupos armados que, en el caso del narcotráfico, buscan la salida de la droga hacia dos polos: el Caribe y Estados Unidos por un lado, y África por otro para conectar con Europa, admite Óscar Calderón, del SJR de Cúcuta. "Es una de las regiones más pobres del país, donde la ausencia del Estado y las políticas agrarias excluyentes han abonado el terreno para que los grupos armados generen desplazamientos de personas", exponen líderes de organizaciones de derechos humanos en Norte de Santander. Los campesinos sufren el control de las bandas para cultivar la coca pero también el acoso de falsos titulares de tierra que les despojan de sus campos y les obligan a venderlos a grandes terratenientes para la fabricación de biocombustible. En las zonas urbanas el control armado pertenece a grupos "paramilitares" mientras que en áreas rurales como el Catatumbo se producen alianzas entre bandas y guerrillas o entre las FARC y los paramilitares para asediar las diferentes fases de cultivo, transformación y tránsito de la droga. Contrabando ha habido siempre, admite Calderón, pero desde hace cuatro años el "gran contrabando" está alimentando el conflicto armado. Las más de 70.000 víctimas del desplazamiento en Cúcuta son testigo de esta violencia. Y población de municipios fronterizos, asediada por actores armados, decide además atravesar la frontera.
tierra y poder Representantes de organizaciones de derechos humanos de la región de Norte de Santander y del Observatorio de la Universidad de Pamplona destacan como los derechos de las víctimas son vulnerados y silenciados. Nada menos que 27 presidentes de juntas de acción comunal han sido asesinados en los últimos quince años, líderes de barrios agredidos por defender los derechos de los más "vulnerables. Es el mismo modus operandi que en 1996, "la amenaza a líderes sociales y la vinculación de menores". Una situación en la que, a juicio de Mario de Jesús, de la Universidad de Pamplona, tiene mucho que ver un modelo productivo que empobrece a la clase campesina y "netamente capitalista que se mueve en función de la inversión extranjera y la seguridad para las empresas, algo evidente sectores como el mineroenergético, del gas, carbón y petróleo". En Catatumbo, primero se insertaron los paramilitares y luego los "inversionistas" para "asegurar" el monocultivo de la palma de aceite y caucho. También la explotación minera extranjera supone la "destrucción de los ecosistemas y agudiza el conflicto", subraya R. Rivera, experta en impactos medioambientales en zonas protegidas. "Quien tiene la tierra, tiene el poder y se criminaliza la protesta del campesino, se le relaciona con el narcoguerrillero de forma interesada", matiza.
Más de 10.000 personas atraviesan a diario la frontera.
viaje con alboan a uno de los conflictos armados olvidados (V)
"El contrabando de productos subsidiados para políticas sociales crea desabastecimiento"
ingrid bournat
SJR de Venezuela
