Washington. El Gobierno de Estados Unidos empezó ayer a procesar las solicitudes para suspender la deportación de al menos un millón de estudiantes indocumentados, al aplicar una directriz del presidente Barack Obama que, en pleno año electoral, ha sido criticada por la oposición republicana. Los trámites, que incluyen una tarifa de 465 dólares por cada solicitud, permitirán que los estudiantes indocumentados obtengan un permiso de trabajo temporal y licencias de conducir sin temor a ser deportados.

Los estudiantes, llamados dreamers porque obtendrían la residencia permanente mediante la legislación Dream Act -si el Congreso de Estados Unidos finalmente la aprueba-, podrán acudir desde ayer a centros comunitarios en todo el país para obtener ayuda gratuita con sus trámites. El consenso de los activistas a favor de la reforma es que esta mejora migratoria renovable de dos años es tan solo una solución temporal y que el Congreso debe negociar y aprobar cuanto antes una solución permanente al problema.

El pasado 15 de junio, Obama emitió una directriz para la llamada "acción diferida" que permitirá evitar a jóvenes ser deportados, siempre y cuando reúnan una serie de requisitos y se sometan al escrutinio de las autoridades de inmigración. La mayoría de los líderes republicanos y grupos conservadores afines han insistido en que la medida anunciada por Obama tiene objetivos electorales, y han recordado que el mandatario no cumplió con su promesa electoral de 2008 de reformar el sistema migratorio.

Los solicitantes deberán demostrar mediante documentación que tenían menos de 31 años de edad cuando se anunció la directriz, que entraron a EE.UU. cuando tenían menos de 16 años, que llevan cinco años de residencia consecutiva y no tienen historial criminal. Además, tendrán que presentar pruebas de sus estudios y graduación de secundaria o su equivalente, pruebas de su servicio militar o de la Guardia Costera, huellas digitales y demás datos biométricos.