En el tango de Gardel veinte años no es nada, pero en términos judiciales trece de espera para una sentencia firme resultan una fosa para la seguridad jurídica y para la presunción de inocencia. Que ciertamente ha sido a la postre de culpabilidad en el caso De Miguel, cuyas condenas ha ratificado esta semana en lo sustantivo el Tribunal Supremo sentenciando a los principales implicados por mangantes. Punto final con rumbo a la cárcel para los seis reos que suman más de dos años de prisión.

Ante semejante antología penal cabe formular asimismo el máximo reproche social. Más allá del daño causado a la sigla que manosearon para su lucro personal, por el perjuicio para la confianza de una ciudadanía cuyo bienestar como colectividad se sustenta en un autogobierno soportado a su vez en la capacidad tributaria para generar ingresos que aplicar de forma eficiente y honrada. A lo que agregar la lesividad para la democracia representativa, en solfa por la pandemia de populismo ultra.

Escrito todo lo cual, en lo político ha aflorado el marrullerismo partidista típico. Disparando por elevación contra el PNV sobre la ideación de un presunto clientelismo que no alcanza siquiera el grado de suposición en las dos sentencias evacuadas en Gasteiz y Madrid. EH Bildu y Podemos han compartido el guion consistente en proclamar su pulcritud y que no todos los partidos son iguales, lo que a la luz de su pasado en un caso y de su presente en otro a la vista está. Las alharacas del PP ya constituyen directamente una obscenidad en un partido con sus antecedentes de corrupción estructural. Hasta el punto de pagar obras en la sede central con el dinero negro amasado en una contabilidad tan paralela como la realidad en la que su franquicia vive hoy en Euskadi.

En este muladar de carroñerismo electoralista, la golfería de los doblemente condenados ha quedado sin embargo tan acreditada como la rotunda reacción del PNV también en dos tiempos. En su día y en pleno shock, suspendiendo de afiliación a los encausados y apartándoles de sus responsabilidades públicas e internas; ahora, incoando el expediente definitivo de expulsión mientras desde el Gobierno se notificaban los despidos a De Miguel y Otxandiano, que de hecho no han vuelto a sus puestos. Renovando además las disculpas públicas, con exigencia de ejemplaridad por el lehendakari como antídoto contra cualquier tentación de mutar el servicio ciudadano en beneficio particular.

Agotado el escándalo trece años después, la institucionalidad compartida entre PNV y PSE se significa por la estabilidad focalizada en la gestión. Así que los filtros en base al mérito y la capacidad funcionan. Bien entendido que ninguna organización está a salvo de manzanas podridas. Por eso se trata de reforzar al máximo los controles, más en estructuras de poder hegemónicas como destino soñado de comisionistas y trincones varios.