La ley que obliga a deshacerse del amianto de los edificios para 2028, al menos de los de mayor riesgo y con más afección para las personas vulnerables, aprieta las tuercas al Ayuntamiento de Vitoria, que aún no se ha puesto manos a la obra con esta tarea.

EH Bildu y Elkarrekin aseguran que ya es tarde y que los plazos no se van a cumplir, mientras el gobierno municipal confía en que sí, a pesar de lo ajustado de los tiempos. Con todo, defiende el concejal de Gestión Ambiental, Pascual Borja que, más que los plazos en sí, lo importante es ir dando pasos y responder al verdadero fin que se busca con esta normativa.

40 edificios públicos

Hasta la fecha, el Ayuntamiento tiene en sus manos un censo preliminar, que cifra en el 10% los edificios con amianto, 40 de titularidad pública, pero que hay que actualizar.

Polígono industrial de Betoño. Alex Larretxi

Por eso, en febrero contrató a la empresa Comercial Calabrés Tomé de Salamanca para que elabore un censo definitivo y un calendario de actuaciones por un importe de 32.000 euros.

La firma tiene ahora 12 meses de plazo para detallar los edificios públicos con amianto, puesto que la retirada va a empezar por ellos y localizar en el mapa de manera aproximada las ubicaciones de todos los inmuebles de la ciudad que tengan este material.

Edificios en el barrio de Coronación. Jorge Muñoz

Así las cosas y, a pesar de lo justo de los plazos, calcula el concejal de Gestión Ambiental que a finales de 2027 o principios de 2028 comenzará la retirada del amianto de los edificios públicos de más riesgo por la presencia de fibrocemento.

No en Gardelegi

Sobre el destino del fibrocemento, es decir, dónde se va a depositar tras su retirada de los edificios, el Ayuntamiento baraja vertederos autorizados situados fuera de la comunidad autónoma vasca preparados para almacenar material contaminante.

Descarta, como ha hecho en anteriores ocasiones, que el amianto acabe en Gardelegi, como en su día se temió generando una gran polémica entre el Ayuntamiento y el Gobierno Vasco.

Explica el concejal de Gestión Ambiental que el objetivo de identificar los edificios de la ciudad que contienen amianto es prioritario para proteger a los trabajadores que van a tener que manipular y retirar esos materiales, sobre todo el fibrocemento, puesto que durante su vida útil no supone ningún problema, pero al manipularlo es contaminante y dañino para las personas que lo manejan.