Euskadi mantiene mayores niveles de integración social que la media estatal, ya que ha reducido de forma la clara la exclusión severa, presenta menores niveles de pobreza y desigualdad y cuenta con un sistema de garantía de ingresos que evita escenarios peores. En concreto, en 2024, 259.000 personas vivían en exclusión social en la CAV (Comunidad Autónoma Vasca) frente a las 300.000 de 2018, de las que 84.000 lo hacen en su forma más grave.
Sin embargo, para Cáritas y la Fundación Foessa (Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada), que presentaron este miércoles, en Vitoria, el informe que analiza la evolución de la integración y la exclusión entre 2018 y 2024 a partir de una muestra representativa de hogares vascos sobre sus condiciones de vida y dificultades cotidianas, este balance positivo “no puede llevar a la autocomplacencia porque crece la integración precaria (que pasa del 27% al 35%), se intensifica la exclusión en el acceso a derechos, especialmente en vivienda y salud, y persisten bolsas importantes de desprotección material”.
"Hay una clase media en retroceso y desplazamiento de muchas familias a estratos inferiores. El informe habla de pobreza y, principalmente, de exclusión social, que va más allá de la falta de ingresos, sino de una acumulación de dificultades que limita la integración: en empleo, salud, participación...", alertaron Thomas Ubrich, miembro del equipo de Cáritas España y del comité técnico de Foessa, y Ana Sofi Telletxea, responsable del equipo de Análisis y Desarrollo Social en Cáritas Bizkaia, acompañados de Maite Sebal, directora de Cáritas Vitoria.
Ante esta "encrucijada", Foessa y Cáritas apelan a un nuevo pacto social "con dos motores": instituciones públicas "fuertes", capaces de garantizar derechos y reducir desigualdades, y una sociedad civil "activa, organizada y corresponsable".
