Familiares del joven muerto a las puertas de la discoteca Mitika de Vitoria-Gasteiz, tras ser golpeado por un portero de seguridad que está en prisión preventiva, han demandado "sanciones" para la empresa Explotaciones Hosteleras Niecor SL, nombre comercial Mitika, "por la comisión de infracciones administrativas consideradas muy graves", así como para la empresa de servicios Le Basque Services, encargada de la contratación del personal de seguridad.
Así lo han demandado en un escrito dirigido a la alcaldesa, Maider Etxebarria, amparándose en las sanciones previstas en la Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, para reclamar que "el Ayuntamiento active la vía administrativa" en el caso de la muerte del joven.
En la madrugada del domingo 16 de febrero, un hombre de 31 años murió en la entrada de la discoteca Mitika, tras recibir un fuerte golpe en la cabeza, según señala la autopsia. El portero del local, acusado de haber propinado ese golpe, se encuentra encarcelado, por un presunto delito de "asesinato con alevosía u homicidio doloso", en la cárcel de Zaballa.
La familia del fallecido ha pedido activar la infracción administrativa ante "la falta de protocolos adecuados de actuación por parte del personal del servicio de admisión, la ausencia de habilitación profesional, o la omisión de medidas preventivas obligatorias".
"Ambas empresas eran conocedoras del comportamiento de estos empleados y del uso de un espacio sin cobertura de cámaras de seguridad para llevar a cabo las agresiones"
En este sentido, ha aportado tres atestados de la Policía Local, en los que "resulta evidente que tanto el local recreativo como la empresa de servicios contratante de los trabajadores del servicio de admisión que ejercieron violencia contra la clientela han venido incumpliendo reiteradamente, al menos, dos de los supuestos clasificados como infracciones muy graves en la Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas".
En este sentido, ha apelado al Artículo 51.6, 'Ejercer el derecho de admisión de forma arbitraria, discriminatoria o abusiva', para relacionarlo con "las agresiones sufridas por los clientes a manos de los trabajadores del servicio de admisión, cuya actuación violenta puede considerarse, como mínimo, una manifestación abusiva del derecho de admisión".
Asimismo, hace mención al Artículo 51.3, 'Incumplir las medidas de seguridad establecidas en la normativa vigente o exigidas en la licencia, autorización e inspecciones, así como el mal estado de los locales o instalaciones que disminuya gravemente el grado de seguridad exigible', para argumentar que "mantener en activo a empleados que maltratan a los clientes constituye una vulneración clara y grave de las condiciones mínimas de seguridad exigidas por la normativa".
Para los familiares de la víctima los tres atestados policiales por agresiones cometidas por los trabajadores del servicio de admisión "constituyen evidencia suficiente para iniciar medidas administrativas, justifican una investigación formal y la posible imposición de sanciones graves y comprometen no solo a los empleados implicados, sino también a sus responsables directos, el local y la empresa contratante".
INACCIÓN DEL AYUNTAMIENTO
La familia del joven ha señalado que "antes de la agresión", ya existían "elementos más que suficientes para que el Ayuntamiento actuara por la vía administrativa, con el fin de prevenir y sancionar las infracciones muy graves cometidas por los trabajadores del servicio de admisión y toleradas tanto por el establecimiento recreativo como por la empresa contratante".
"Ambas empresas eran conocedoras del comportamiento de estos empleados y del uso de un espacio sin cobertura de cámaras de seguridad para llevar a cabo las agresiones, sin que adoptaran medida correctora alguna al respecto", han añadido.
A su juicio, "la gravedad de lo ocurrido deriva de la ausencia de un control efectivo sobre los empleados encargados de la seguridad, incurriendo así en una actitud de tolerancia, o incluso de amparo explícito, frente a actuaciones que vulneran gravemente la normativa vigente".
Tras denunciar "la inacción" del Ayuntamiento gasteiztarra en la aplicación efectiva de las sanciones preceptivas establecidas en la ley, la familia ha lamentado que, "si el Ayuntamiento consideraba que dicha actuación excedía su ámbito de competencia, debió remitir el caso al órgano que estimara competente, trasladando toda la documentación recabada".
"Ante la reiteración de estas conductas y su culminación en una tragedia de extrema gravedad", la familia de la víctima ha reclamado que "el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en coordinación con la Dirección de Juego y Espectáculos del Gobierno Vasco, impulse las medidas oportunas para sancionar a la empresa Explotaciones Hosteleras Niecor S.L., propietaria del establecimiento Mítika", así como a "la empresa contratista del personal del servicio de admisión, Le Basque Services".
