Mikel Roa es abogado en Vitoria con más de diez años de experiencia, especializado en Derecho Bancario, Derecho Administrativo y Derecho de Familia. Además de su labor como abogado, es profesor de Derecho en una academia de oposiciones desde hace más de siete años. Recientemente, Mikel ha comenzado a acercar el derecho a la sociedad a través de las redes sociales. En su cuenta de Instagram, @mikel.roa, comparte vídeos explicativos sobre temas legales actuales, diseñados para que cualquier persona pueda comprender mejor sus derechos. De hecho, invita a todos a visitar su página y explorar los contenidos que ha creado.
Abogado, profesor y también influencer. En sus redes sociales solventa las dudas de sus seguidores como por ejemplo si una mujer puede retirar la denuncia por violencia de género o si se puede denunciar sin tener lesiones físicas. ¿Cuáles son las dudas que más se repiten entre los ciudadanos?
Las dudas que más se repiten son las relacionadas con situaciones cotidianas que generan mucha incertidumbre. Por ejemplo, en temas de violencia de género, muchas personas me preguntan si pueden denunciar sin tener lesiones físicas o si una vez puesta la denuncia, pueden retirarla. También hay muchas consultas sobre custodias de hijos, despidos, herencias o incluso sobre cómo actuar si te ponen una demanda. Lo que veo es que la gente tiene una gran necesidad de información jurídica básica, porque muchas veces no saben ni por dónde empezar o a quién acudir. Y eso es precisamente lo que intento con mis vídeos: ofrecer respuestas claras, sin tecnicismos, para que las personas puedan tomar decisiones informadas.
"Lo que veo es que la gente tiene una gran necesidad de información jurídica básica, porque muchas veces no saben ni por dónde empezar o a quién acudir"
¿Cuál es el papel de un abogado en la sociedad? ¿Qué es lo que más le gusta de su profesión?
Creo que el papel de un abogado en la sociedad es fundamental. Somos una especie de traductores entre el lenguaje complejo del Derecho y las personas que necesitan proteger sus derechos o defenderse ante una situación complicada. A veces acompañamos en momentos muy duros, como un desahucio, un divorcio o una acusación penal, y nuestra labor es dar seguridad, claridad y, sobre todo, apoyo. Lo que más me gusta de mi profesión es precisamente eso: poder ayudar a la gente a encontrar una salida legal cuando sienten que no tienen opciones. También disfruto mucho del aspecto estratégico del Derecho, de estudiar un caso y buscar la mejor solución posible. Y como profesor, me encanta poder compartir esa pasión y ver cómo los alumnos también van entendiendo lo importante que es el conocimiento jurídico para la vida diaria y sobre todo sacando las oposiciones.
"A veces acompañamos en momentos muy duros, como un desahucio, un divorcio o una acusación penal, y nuestra labor es dar seguridad, claridad y, sobre todo, apoyo"
¿Cómo maneja las consideraciones éticas y morales al defender a un cliente que ha sido acusado de una brutal agresión a una mujer o de un asesinato?
Es una de las preguntas más difíciles que nos hacen a los abogados, y es normal que genere dudas desde fuera. Yo lo tengo claro: mi papel no es juzgar a la persona, sino garantizar que se respeten sus derechos. En un Estado de Derecho, toda persona tiene derecho a una defensa, sea cual sea el delito del que se le acusa. Y eso no significa justificar su conducta, sino asegurar que el proceso sea justo y que no se vulneren sus garantías. Ahora bien, eso no quiere decir que uno no tenga sus propios límites. Yo no defendería a cualquier persona a cualquier precio, ni con cualquier estrategia. Si un cliente me miente o pretende que utilice la defensa para perjudicar a la víctima o manipular el proceso, ahí trazo la línea. Hay que saber separar la función profesional de las convicciones personales, pero siempre dentro de unos principios éticos. Y te aseguro que no es fácil, porque a veces los casos te remueven por dentro.
“En los últimos años hemos notado un aumento del interés y la preocupación por los casos de ocupación ilegal, eso es innegable”
¿Cuáles son los dilemas éticos más comunes que enfrentan los abogados en su práctica diaria?
Uno de los dilemas éticos más comunes es el equilibrio entre lo que el cliente quiere que hagas y lo que tú sabes que es correcto legalmente o moralmente. A veces los clientes te piden estrategias que pueden rozar el límite de la legalidad o que sabes que, aunque sean posibles, no son justas ni éticamente aceptables. También es muy habitual encontrarte con situaciones donde hay conflicto de intereses, por ejemplo, cuando has defendido antes a otra parte relacionada o cuando el caso afecta a personas cercanas. Otro dilema muy frecuente es gestionar la información confidencial, especialmente cuando sabes algo que podría afectar a terceros, pero no puedes revelarlo por secreto profesional. Y luego está lo emocional: cómo mantener la empatía con el cliente sin que eso te nuble el criterio jurídico, o cómo desconectar después de casos duros. Porque hay días en los que, aunque hayas hecho bien tu trabajo, te vas a casa con un nudo en el estómago.
¿Cuáles son las demandas más habituales o los tipos de casos que más frecuentemente enfrenta en su práctica un abogado en Vitoria/Álava?
En mi día a día, los casos más habituales tienen que ver con reclamaciones bancarias, especialmente cláusulas abusivas en hipotecas, tarjetas revolving, comisiones indebidas o microcréditos completamente abusivos. En los últimos años ha habido un aumento de personas que quieren recuperar lo que han pagado de más al banco, y muchos no sabían ni que tenían derecho a hacerlo. También llevo bastantes casos de Derecho de Familia, como divorcios, custodias, pensiones de alimentos o modificaciones de medidas. Son temas muy sensibles porque afectan directamente a los hijos y a la vida diaria de las personas, así que requieren no solo conocimiento jurídico, sino también mucha empatía. Y luego, como en toda ciudad, hay un volumen constante de asuntos relacionados con arrendamientos, impagos, despidos laborales o pequeñas estafas. La realidad de Vitoria y Álava es bastante variada, pero sí noto que la gente cada vez está más informada y no duda en acudir a un abogado cuando siente que algo no está bien.
“Uno de los principales obstáculos que enfrentan las víctimas es el miedo: miedo a represalias, miedo a que no las crean,...”
Hablemos sobre las distintas legislaciones en vigor. Empecemos con la violencia de género. ¿Cómo se define legalmente la violencia de género y qué comportamientos se consideran como tales?
Legalmente, la violencia de género se define como aquella que ejerce un hombre sobre una mujer en el marco de una relación de pareja o expareja, cuando esa violencia tiene como base el dominio o control del hombre sobre la mujer. No hace falta que la relación sea actual ni que exista convivencia: basta con que haya existido una relación afectiva.
Los comportamientos que se consideran violencia de género no se limitan a las agresiones físicas. También lo son los insultos constantes, amenazas, control económico, aislamiento social, violencia psicológica, sexual, o incluso el acoso digital. La ley lo recoge de forma amplia porque esta violencia muchas veces no empieza con golpes, sino con un proceso de control que va creciendo.
Es importante destacar que no toda pelea de pareja entra dentro de la violencia de género. Para que lo sea, debe haber ese componente de desigualdad estructural y de violencia dirigida hacia la mujer por el hecho de serlo.
"Es importante destacar que no toda pelea de pareja entra dentro de la violencia de género. Para que lo sea, debe haber ese componente de desigualdad estructural y de violencia dirigida hacia la mujer por el hecho de serlo"
¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrentan las víctimas al intentar obtener justicia en casos de violencia de género?
Uno de los principales obstáculos que enfrentan las víctimas es el miedo: miedo a represalias, miedo a que no las crean, miedo a quedarse solas o sin recursos. Muchas veces la violencia no es solo física, también es psicológica y económica, y eso deja a la víctima en una posición de gran vulnerabilidad.
Otro problema es el desconocimiento. Muchas mujeres no saben qué pasos dar, a dónde acudir, o qué derechos tienen. Y aunque hay avances, todavía hay víctimas que sienten que el sistema judicial no las protege lo suficiente, o que es demasiado lento. A veces tienen que revivir lo ocurrido una y otra vez, enfrentarse a interrogatorios duros o incluso al agresor durante el proceso.
También influye la falta de pruebas, especialmente cuando no hay lesiones visibles o testigos. Y en zonas más pequeñas, como puede pasar en algunos pueblos de Álava, también puede pesar el entorno social: el “qué dirán”, el miedo a ser señalada, o a que la situación trascienda. Por eso es tan importante que haya acompañamiento psicológico, asesoramiento jurídico desde el primer momento y una red de apoyo sólida. Porque salir de una situación de violencia no es solo poner una denuncia: es reconstruir toda una vida.
“La reincidencia se entiende como el hecho de cometer un nuevo delito habiendo sido condenado por otro delito de la misma naturaleza”
En su opinión, ¿qué cambios legislativos o sociales serían necesarios para mejorar la protección y apoyo a las víctimas de violencia de género?
Desde mi punto de vista, hay dos planos en los que hay que actuar: el legislativo y el social. En el plano legal, creo que sería importante agilizar los procedimientos judiciales ya que son muy largos, especialmente las órdenes de protección y las medidas provisionales.
También sería útil reforzar la formación especializada de jueces, fiscales, abogados y fuerzas de seguridad, para que todos los profesionales que intervienen en estos casos entiendan bien la complejidad de la violencia de género, que no siempre es evidente ni fácil de demostrar.
Y a nivel social, lo más urgente es seguir trabajando en la educación y prevención. Romper con los estereotipos, enseñar desde edades tempranas lo que es una relación sana, y que tanto hombres como mujeres sepan detectar las señales de alarma. Además, muchas mujeres no denuncian porque no tienen independencia económica ni una red de apoyo. Por eso, mejorar el acceso a recursos económicos, vivienda y atención psicológica es igual de importante que endurecer una pena. En definitiva, no basta con castigar al agresor: hay que acompañar a la víctima en todo el proceso y darle herramientas reales para rehacer su vida.
Hablemos sobre la ocupación ilegal, ¿ha aumentado la carga de trabajo para los abogados debido a un incremento en los casos de ocupación ilegal?
Sí, en los últimos años hemos notado un aumento del interés y la preocupación por los casos de ocupación ilegal, eso es innegable, especialmente por parte de pequeños propietarios. No es que se haya disparado el número de ocupaciones en sí, pero sí ha crecido la sensación de inseguridad jurídica, sobre todo porque los procesos para recuperar una vivienda ocupada pueden ser largos y frustrantes y sobre todo que a pesar del reconocimiento judicial, van a existir pérdidas económicas.
Esto ha hecho que muchos propietarios busquen asesoramiento preventivo, antes incluso de alquilar un piso, o que quieran saber cómo actuar si se encuentran con un ocupante no autorizado. En mi caso, sí he visto un incremento de consultas relacionadas con este tema, tanto de personas afectadas directamente como de otras que quieren saber cómo protegerse. También influye mucho la difusión en redes y medios, donde a veces se mezclan casos reales con bulos, y eso genera confusión. Por eso es importante dar información clara y realista, y explicar que hay vías legales para recuperar la vivienda, pero que no siempre son rápidas ni sencillas.
"Muchos propietarios busquen asesoramiento preventivo, antes incluso de alquilar un piso, o que quieran saber cómo actuar si se encuentran con un ocupante no autorizado"
¿Cuáles son los derechos de un propietario frente a una ocupación ilegal de su propiedad?
Cuando una persona ocupa ilegalmente una vivienda, el propietario tiene derecho a recuperar su propiedad a través de un procedimiento judicial. Existen distintas vías, dependiendo del caso. Si la ocupación es reciente —es decir, si han pasado pocos días—, puede presentarse una denuncia por allanamiento de morada (si es vivienda habitual) o por usurpación (si es segunda residencia o vivienda vacía). En esos casos, a veces se puede actuar incluso por vía penal.
Pero si la ocupación ya está consolidada, lo más habitual es acudir a la vía civil mediante un procedimiento de desahucio por precario, en el que se reclama la recuperación de la posesión. Ese procedimiento puede durar varios meses, aunque en los últimos años se han aprobado reformas que permiten acelerar algunos casos. Lo que sí es importante tener claro es que el propietario no puede tomarse la justicia por su mano, es decir, no puede cortar suministros, cambiar cerraduras o entrar por la fuerza en la vivienda. Aunque parezca injusto, eso podría constituir un delito de coacciones aunque la sentencias cada vez avalan más estas situaciones de cara al propietario.
"Si la ocupación ya está consolidada, lo más habitual es acudir a la vía civil mediante un procedimiento de desahucio por precario, en el que se reclama la recuperación de la posesión"
¿Cómo ha cambiado la legislación reciente a la ocupación ilegal y cuáles son las implicaciones para propietarios y ocupantes?
En los últimos años se han hecho varios ajustes legislativos para acelerar el desalojo en casos de ocupación ilegal, sobre todo pensando en los pequeños propietarios. Por ejemplo, la Ley 5/2018 introdujo un procedimiento específico para recuperar la posesión cuando la vivienda ha sido ocupada sin consentimiento, permitiendo incluso pedir el desalojo sin necesidad de identificar a los ocupantes si no se conoce quiénes son.
Además, se han agilizado los trámites para que, si el demandante acredita que es el propietario y la vivienda no es la residencia habitual de los ocupantes, se pueda ordenar el desalojo en un plazo más corto, a veces en cuestión de semanas, aunque eso depende mucho del juzgado y los juzgados hoy en días son demasiado lentos para nuestra desgracia. La implicación para los propietarios es positiva en el sentido de que se sienten más protegidos y tienen herramientas legales más rápidas, pero la realidad es que el proceso sigue siendo lento en muchos casos, especialmente si los ocupantes se oponen o alegan una situación de vulnerabilidad. Para los ocupantes, en cambio, hay un mayor control y menos margen para aprovecharse del sistema.
Eso sí, si se trata de familias en situación de exclusión, los servicios sociales deben intervenir para buscar soluciones antes del desalojo, lo que también puede retrasar el proceso durante mucho tiempo.
Desde su experiencia, ¿qué medidas pueden tomar los propietarios para prevenir la ocupación ilegal de sus propiedades?
Desde mi experiencia, la mejor manera de hacer frente a la ocupación ilegal es anticiparse. Muchos propietarios creen que esto nunca les va a pasar, pero cuando ocurre, ya es demasiado tarde y el proceso legal puede alargarse más de lo deseado.
Por eso siempre recomiendo tomar medidas preventivas. Una de las más efectivas es realizar visitas periódicas al inmueble, especialmente si se trata de una segunda residencia o de una vivienda vacía. Las casas que parecen abandonadas son mucho más vulnerables. También es útil mantener la vivienda en buen estado desde el exterior, vaciando regularmente el buzón y evitando que dé la sensación de estar deshabitada. Otra medida importante es instalar sistemas de alarma o videovigilancia, ya que no solo actúan como elemento disuasorio, sino que también pueden aportar pruebas si finalmente se produce una ocupación.
En el caso de alquileres, es fundamental firmar contratos claros, revisar bien la solvencia del inquilino y no confiarse con acuerdos verbales o informales. Muchos casos de ocupación surgen después de impagos que no se han gestionado adecuadamente desde el principio.Y, sobre todo, si hay cualquier sospecha de ocupación o intento de acceder al inmueble, lo más recomendable es consultar con un abogado lo antes posible. Cuanto antes se actúe, más posibilidades hay de recuperar la vivienda por las vías legales de forma rápida. Lo que nunca aconsejo es tomarse la justicia por su mano, porque eso puede acabar suponiendo un problema legal añadido para el propio propietario.
"En el caso de alquileres, es fundamental firmar contratos claros, revisar bien la solvencia del inquilino y no confiarse con acuerdos verbales o informales"
Por último, para abordar una problemática creciente en la ciudad, los robos, agresiones y amenazas por parte de personas ya conocidas para la policía. ¿cómo se define legalmente la reincidencia en el contexto de delitos como robos y asesinatos?
Legalmente, la reincidencia se entiende como el hecho de cometer un nuevo delito habiendo sido condenado previamente por otro delito de la misma naturaleza. Es decir, no basta con que una persona tenga antecedentes penales, sino que esos antecedentes deben estar relacionados con el nuevo delito que se le imputa y que los antecedentes penales aún no hayan sido susceptibles de cancelación. En el caso de los robos, amenazas o agresiones, si una persona ya ha sido condenada anteriormente por delitos similares y vuelve a delinquir, los tribunales pueden aplicar esa circunstancia como agravante, lo que conlleva un aumento de la pena.
Es una forma que tiene el sistema penal de responder con mayor severidad ante personas que no se reinsertan y reinciden de forma continuada. Eso sí, para que la reincidencia tenga efectos legales, las condenas anteriores deben ser firmes y constar en el expediente del acusado. Además, no pueden haber transcurrido ciertos plazos que eliminarían esos antecedentes a efectos penales. En el caso de delitos graves como el asesinato, si hay reincidencia, las penas pueden alcanzar su grado máximo, ya que el tribunal valora tanto la gravedad del hecho como la trayectoria delictiva de la persona. Es una cuestión que preocupa especialmente en ciudades como Vitoria, donde hay casos de personas muy conocidas por la policía que siguen delinquiendo con impunidad aparente.
"En delitos como los robos con violencia, si la persona reincide, es muy probable que el tribunal no le conceda beneficios como la suspensión de la pena o la sustitución por trabajos en beneficio de la comunidad"
¿Cuáles son las consecuencias legales específicas para una persona que es condenada por un delito y luego comete otro delito similar, especialmente en el caso de robos o asesinatos?
Cuando una persona ya ha sido condenada por un delito y comete otro similar, las consecuencias legales se agravan. En primer lugar, como te comentaba antes, puede aplicarse la circunstancia agravante de reincidencia, recogida en el artículo 22 del Código Penal. Esto significa que el juez puede aumentar la pena dentro del margen previsto por la ley, e incluso, en algunos casos, acercarse al máximo previsto para ese delito.
En delitos como los robos con violencia, si la persona reincide, es muy probable que el tribunal no le conceda beneficios como la suspensión de la pena o la sustitución por trabajos en beneficio de la comunidad. Y si hablamos de delitos especialmente graves, como homicidios o asesinatos, una segunda condena por hechos similares puede tener un impacto directo en la duración de la pena y en el régimen penitenciario aplicable, dificultando por ejemplo el acceso a permisos o a la libertad condicional. Además, los antecedentes penales acumulados por reincidencia pueden influir en futuras decisiones judiciales, tanto en la fase de instrucción como en el juicio, ya que permiten dibujar un perfil delictivo más claro del acusado.
En resumen, la reincidencia tiene un efecto multiplicador, tanto en términos de pena como de consecuencias jurídicas futuras, y es uno de los elementos que más peso tiene a la hora de valorar la peligrosidad y la posibilidad de reinserción de una persona.
¿Es cierto eso de que una persona puede ser detenida hoy por un robo puesta en libertad hoy y detenida otra vez mañana sin que tenga represalias legales?
Sí, es cierto que una persona puede ser detenida hoy por un robo, quedar en libertad ese mismo día y volver a ser detenida al día siguiente por otro delito, y eso genera una gran frustración social. Pero eso no significa que no haya consecuencias legales.
Lo que ocurre es que el sistema penal funciona con garantías y tiene que respetar los derechos fundamentales de cualquier persona, también de quien comete delitos. Cuando alguien es detenido, si el delito no es grave o si no hay riesgo de fuga o de destrucción de pruebas, lo más habitual es que el juez acuerde la libertad provisional, a la espera de juicio. Y si esa persona vuelve a delinquir, se le puede volver a detener y procesar por el nuevo delito.
Ahora bien, si se detecta una conducta reincidente sistemática, los jueces pueden empezar a imponer penas de prisión más severas, aplicar medidas cautelares más duras e incluso acumular condenas. El problema es que el sistema no siempre actúa ni mucho menos con la rapidez que la ciudadanía espera, y eso da la sensación de impunidad. Pero lo cierto es que, si una persona reincide constantemente, sí va sumando condenas y termina cumpliendo penas de prisión, aunque no siempre de forma inmediata tras cada detención.
"La reincidencia tiene un efecto multiplicador, tanto en términos de pena como de consecuencias jurídicas futuras, y es uno de los elementos que más peso tiene a la hora de valorar la peligrosidad y la posibilidad de reinserción de una persona"
¿En qué medida pueden las sentencias ser aumentadas para los reincidentes, y qué factores se consideran al determinar la duración de la pena?
Las sentencias pueden ser aumentadas de forma considerable cuando existe reincidencia, ya que esta se considera una circunstancia agravante según el artículo 22 del Código Penal. Esto significa que el juez puede imponer una pena más alta dentro del margen previsto por la ley para ese delito. Por ejemplo, si un robo con violencia tiene una pena de entre dos y cinco años, un reincidente podría recibir una pena más cercana al máximo.
Pero no se trata solo de sumar años de forma automática. A la hora de fijar la duración concreta de la pena, el tribunal tiene en cuenta varios factores, como la gravedad del hecho, el grado de participación del acusado, los antecedentes penales, la intención con la que actuó, si hubo violencia o intimidación, si mostró arrepentimiento, entre otros. En casos de reincidencia reiterada, especialmente si hay acumulación de condenas previas por delitos similares, los jueces tienden a endurecer las penas y es mucho más difícil que el acusado pueda acceder a beneficios penitenciarios como la suspensión de la pena, los permisos o la libertad condicional.
En definitiva, la reincidencia no solo agrava la condena por el nuevo delito, sino que también puede condicionar todo el proceso penal y penitenciario del acusado, porque demuestra que no ha habido voluntad real de reinsertarse.
