El giro de la política migratoria europea ha quedado formalmente consagrado con la aprobación, el pasado 30 de marzo en el seno del Parlamento Europeo, del nuevo reglamento de retornos incluido en el Pacto de Migración y Asilo. La votación, respaldada por una mayoría holgada articulada en torno a fuerzas conservadoras y de ultraderecha, no solo avala un endurecimiento sustancial de las políticas comunitarias, también simboliza un cambio de época en el enfoque de la Unión hacia la inmigración irregular. El texto introduce medidas de gran calado. Entre ellas, la posibilidad de prolongar las detenciones hasta 24 meses o la expulsión de familias con menores. Pero el elemento más controvertido es la incorporación de los denominados hubs de retorno, eufemismo de los centros de deportación en terceros países destinados a gestionar a inmigrantes en situación irregular antes de su eventual expulsión definitiva. No se trata de una idea nueva. En su momento, la propia Comisión Europea descartó esta opción por las serias dudas jurídicas que planteaba. La externalización de fronteras abre interrogantes sobre la capacidad de la Unión para garantizar derechos fundamentales fuera de su territorio efectivo. Bruselas justifica el endurecimiento de la política migratoria en el dato que dice que solo el 20% de las órdenes de abandono del territorio europeo se llevan a cabo. Sin embargo, la eficacia no puede evaluarse únicamente en términos de cifras de expulsión. También debe medirse en la coherencia con los principios fundacionales de la Unión. Desde la crisis migratoria de 2015, cuando cerca de un millón de refugiados llegaron a las fronteras europeas, la política común de asilo ha estado sometida a una presión constante. Lo que comenzó como una respuesta improvisada ha derivado en una progresiva normalización de discursos y propuestas que, hace apenas una década, habrían resultado difíciles de tragar. Hoy, la criminalización de la inmigración irregular ha desplazado a los enfoques centrados en la protección y la acogida. En este contexto, el nuevo reglamento no hace sino consolidar la política reflejada en la convergencia de la mayoría de gobiernos europeos hacia posiciones de mayor dureza, independientemente de su color político. El aplauso con el que la ultraderecha celebró la aprobación del texto refleja hasta qué punto sus postulados han permeado en el debate público y en la acción legislativa.