El debate en el Estado sobre cómo confrontar la violencia machista sigue lamentablemente lejísimos de cualquier consenso genuino. Ni izquierdas ni derechas exhiben unidad siquiera intra bloques y esto dificulta aún más visualizar ante la opinión pública una pedagogía colectiva. Los partidos de izquierda divergen entre enfoques punitivos, preventivos o reformas controvertidas como el “solo sí es sí”, lanzándose críticas por tibieza o por retrocesos legislativos. En el bloque de la derecha, Vox combate activamente el concepto de “machismo”, negando el fenómeno y diluyéndolo. La tentación de instrumentalizar el debate con fines partidistas es reprobable. Calificarla formalmente de lacra resulta hueco si en la práctica prevalece el corporativismo partidista para ocultarla. En los partidos se acumulan silencios cómplices ante casos de agresiones machistas en sus propias filas. En la derecha, Vox impone su relato en sus pactos con el PP. La Ley de Violencia de Género de Castilla y León se sustituyó por una de “violencia intrafamiliar”, suprimió juzgados especializados y protocolos de género que agilizan órdenes de alejamiento, lo que demora protecciones vitales las para mujeres. En Valencia, forzó recortes en fondos para servicios de atención específica y formación en igualdad, sustituyéndolos por enfoques “igualitarios formales”. En Murcia y Aragón, los acuerdos eliminaron toda referencia a “violencia machista” en planes públicos, debilitando campañas preventivas, educación igualitaria en escuelas y recursos para menores expuestos. Y la negociación de los nuevos pactos de la derecha no va en otra dirección. El informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) presentado ayer pone cifras dramáticas sobre la mesa: en el primer trimestre, se registran incrementos en denuncias y asesinatos, con retrasos judiciales que agravan la vulnerabilidad de las víctimas e hipotecan vidas reales: 50 mujeres asesinadas en 2025. La ocultación –negacionismo o encubrimientos– agrava el drama humano. Urge un pacto transversal auténtico: juzgados ágiles y blindados, fondos inamovibles, formación obligatoria en igualdad y evaluación independiente de políticas. Las mujeres no pueden ser rehenes de agendas electorales ni de postureo ideológico. Ya vamos tarde y seguimos administrando las narrativas.