El silencio, la indolencia y el abierto intento de escurrir el bulto de las administraciones autonómicas en la corresponsabilidad de gestionar equitativamente el flujo migratorio sigue bloqueando la adopción de medidas. La coordinación de posturas y propuestas entre los Gobiernos vasco y canario alumbró una iniciativa que sigue siendo aparcada por el resto de administraciones del Estado y lastrada por la voluntad obstruccionista del Partido Popular y las autonomías que gobierna y por la inacción del Gobierno español en el ejercicio de sus competencias. Es preciso admitir que, en este último caso, existe una dificultad de dotar de seguridad jurídica a una intervención vertical que obligue a las autonomías a asumir responsabilidades. La reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que permitiría aportarla, sigue sin tener garantizada una mayoría suficiente en el Congreso llegada la hora de votarla. Es especialmente beligerante la posición de la derecha española, que sigue alimentando el señalamiento de los colectivos inmigrantes mediante la asociación de los mismos con inseguridad y no con la voluntad de reconstruir sus vidas evitando las carencias, cuando no la amenaza contra sus vidas, que son el origen de su desplazamiento. Autonomías gobernadas por el Partido Popular –pero también alguna vecina del PSOE–, de donde parten sistemáticamente reproches de insolidaridad hacia los modelos de financiación de la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Foral de Navarra, no encuentran ahora motivos para ejercer esa misma solidaridad con los territorios –Canarias, Ceuta, Melilla o la propia Euskadi– donde la saturación de los medios humanitarios contrasta con la ausencia de dotación de los mismos por su parte. Lanzarse mutuamente reproches entre PP y PSOE no es más que un mecanismo de obstrucción. La gestión de las necesidades humanitarias –de los menores no acompañados, pero no únicamente– requiere en primer lugar de voluntad, de consenso y responsabilidad. A continuación, dotar de seguridad jurídica a la movilidad de personas y una distribución desde criterios objetivos. Y de un mecanismo de financiación en el que volverá a ser precisa la participación de diferentes niveles administrativos. Todo lo demás será pura insolidaridad y discursos populistas.