Un mes de plazo empieza a ser tiempo para poder valorar que el natural desajuste que provoca una tragedia sobrevenida de la magnitud de la sufrida por el levante español por la DANA de octubre debe empezar a quedar despejado y ofrecer alguna certidumbre. De momento, las únicas que hay son las 222 víctimas mortales, los cuatro desaparecidos que ha dejado el fenómeno meteorológico extremo, los daños milmillonarios en las viviendas, infraestructuras, agricultura y el entorno ambiental de la zona afectada y, por supuesto, las miles de vidas por reconstruir. En medio de una situación extrema que afecta al día a día de tantas familias, el balance de la reacción no es satisfactorio pero, sobre todo, se puede constatar una diligencia dispar entre las instituciones implicadas. Las responsabilidades por los errores cometidos deberán aclararse con nitidez; saber si fueron estructurales o tienen nombre y apellido y exigir la asunción de esa responsabilidad. Pero, de momento, el proceder de los principales responsables de la gestión pública retrata una situación insostenible para alguno de ellos. La sucesión de paquetes de ayudas y medidas normativas activadas por el Gobierno del Estado van respondiendo a las diferentes necesidades que afloran. No todas con igual fortuna ni quizá con la debida agilidad, pero al menos es de ley reconocer que es el único liderazgo que se percibe en la reconstrucción. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, cifraba en un 0,1% el impacto de la dana en el crecimiento del PIB; el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, hablaba de más 30.000 millones. Sobre este último pende la duda de su pacata actuación –y ausencia– en los momentos clave de la prevención pero, si el diagnóstico de su cualificación y actitud comenzara a partir del día siguiente, el descrédito de su persona, la falta de veracidad en su discurso –en las Corts reprochó al Ejecutivo de Sánchez el cobro de unos intereses por las ayudas, que en realidad no existen– y el intento personal, y de todo el Partido Popular, de desviar responsabilidades le inhabilitan. Tiempo habrá de resolver las denuncias de corrupción sobre el entorno del presidente Sánchez, pero la ciudadanía valenciana no merece que las explicaciones que se le deben las eluda su presidente amparado en ‘koldos’ y ‘aldamas’.