El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero ha sido imputado por blanqueo de capitales en el rescate público de la aerolínea Plus Ultra.
El juez José Luis Calama, titular del juzgado de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, investiga al expresidente socialista en una causa que analiza si los 53 millones de euros con los que el Gobierno rescató a la compañía aérea tras la pandemia sirvieron para blanquear fondos. Zapatero ha recibido la citación a primera hora de la mañana y previsiblemente, en las próximas horas, los agentes de la UDEF procederán a registrar su despacho.
Citado el 2 de junio
El juzgado central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional le ha citado en calidad de imputado el próximo 2 de junio por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el rescate de la compañía aérea.
El juez ha ordenado el registro de la oficina del expresidente del Gobierno y de otras tres mercantiles, que se están realizando en este momento. Además, el juez instructor ha decidido levantar el secreto de sumario, según fuentes próximas al caso.
Niega las acusaciones
Hace apenas tres meses el expresidente Zapatero negó haber mediado en el préstamo que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales concedió a la aerolínea en 2021. Preguntado sobre una hipotética mediación en ese préstamo zanjó: "No, ninguna. Cero en absoluto".
El préstamo fue aprobado por el Gobierno español, concretamente, el 9 de marzo de 2021 en Consejo de Ministros en dos tramos: un préstamo participativo de 34 millones y otro ordinario de 19 millones, ambos con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas. Zapatero, sí admitió, al ser preguntado por ello, que llevó a cabo labores de asesoría para el presidente y cofundador de Plus Ultra, Julio Martínez.
El expresidente, realizó estas declaraciones antes de participar en la presentación del libro 'Las huellas de la Transición', escrito por Robert M. Fishman e Ignacio Sánchez-Cuenca. "Realizo en mi entidad privada una prestación de servicios. Creo que es un derecho -solo faltaría ¿no?- que ejerzo y que está, como he explicado en medios, absolutamente conforme, como no podía ser de otra manera, a la legalidad", sentenció.
(En elaboración)
