El choque abierto entre las cámaras del Legislativo español –Congreso y Senado– y la posibilidad de que la confrontación de mayorías que las componen acabe en el Tribunal Constitucional no hace sino deteriorar su funcionamiento y, con él, instrumentalizar las instituciones que ordenan y sustentan un desempeño equilibrado en democracia. El Partido Popular quiere convertir sus errores y complejos –acreditados en la trasposición de la directiva europea sobre mutuo reconocimiento de penas– en una crisis constitucional que suplante la función legislativa, que en ningún caso compete al Poder Judicial, allí donde carece de mayorías representativas para imponer su voluntad. Esta estrategia de tierra quemada en busca de la ingobernabilidad es una reacción enrabiada al fracaso de una apuesta de crecimiento electoral mediante la absorción y naturalización de postulados de la extrema derecha. El techo de ese proceso, del que es máximo responsable –por omisión, primero, y por decidida adhesión, después– el presidente del partido, Alberto Nuñez Feijóo, fue insuficiente para alcanzar el poder en el Estado y ha propiciado una deriva populista en la que no encuentra asideros en el resto de sensibilidades políticas representativas. La quema de todos los puentes con el resto de partidos le dejó como únicos resortes de poder el Senado, donde dispone de mayoría absoluta, y los tribunales, donde encuentra acomodo a un discurso que se sostiene y se viraliza en las fases previas de los procesos judiciales, sin el respeto a la acción independiente de la Justicia, que puede o no darle la razón. Pero la mera denuncia, amparada demasiadas veces en indicios endebles o meras elucubraciones de prensa afín, es suficiente para buscar la percepción social de criminalidad. Añade ahora otra práctica irresponsable que pretende de obstruir la acción del Poder Legislativo desde una posición de bloqueo en el Senado. No es mandato constitucional de esta cámara, instrumentalizada e incapaz de mostrar su utilidad en el función nominal de representación territorial, la enmienda sistemática de las mayorías democráticas que componen el Congreso. El PP la usa como mecanismo de obstrucción que, impidiendo la acción legislativa, arrebata al conjunto de la ciudadanía su derecho a ser administrada con eficiencia.