Las elecciones en Venezuela dejan un rastro de dudas razonables sobre la fiabilidad de los resultados publicados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que se apresuró a dar la victoria a Nicolás Maduro pero no a poner a disposición pública las actas oficiales de recuento de los votos. El CNE proclamó la victoria de Maduro, según dijo, tras contabilizar un 80% de las actas electorales pero con un proceso de escrutinio aún abierto en tanto muchas de esas actas no se habían emitido aún y no están a disposición de quien pueda contrastar su contenido. En estos términos, el proceso electoral no es transparente. Sin la debida transparencia y capacidad de contraste, los resultados de un proceso de elección –no en Venezuela, sino en cualquier parte del mundo– no pueden acreditarse automáticamente como legítimos. No es cuestión de prejuzgar el comportamiento del régimen sino de conservar la debida prudencia ante las dudas razonables que despierta en todo el mundo un procedimiento con demasiados vicios de forma. Desde la no universalidad del derecho de voto –que ha dejado a cinco millones de venezolanos sin posiblidad de ejercerlo desde el exilio por las trabas administrativas del aparato administrativo del régimen– hasta la invalidación de candidaturas opositoras que provocó la unidad en torno a un candidato de circunstancias, pasando por una desigualdad implícita al férreo control de los medios públicos y la limitación de visibilidad de todo lo que no fuera el presidente chavista, el Gobierno estaba obligado a mostrar un plus de escrupuloso cumplimiento de los procedimientos democráticos durante y tras la votación. No lo ha hecho hasta la fecha. Hay que felicitarse por la ausencia de incidentes violentos reseñables pero que no son descartables en el estado de opacidad democrática y la tensión resultante. Una tensión que se acallaría con una revisión pública e independiente que no desmerecería la independencia de Venezuela sino que acallaría dudas razonables. Capítulo aparte merece la pléyade de alineamientos con Maduro. Retratarse junto a los regímenes de Rusia, Bielorrusia, Nicaragua, Cuba, China o Irán y su baja cualificación democrática retrata el perfil ideológico de las izquierdas españolas y vascas que no han pedido garantías sino silencio y acatamiento del anuncio oficial.